La Voz del Interior

Por extorsiona­r a un fiscal, condenaron a dos abogados

- Juan Federico jfederico@lavozdelin­terior.com.ar

Dos abogados fueron condenados por extorsiona­r a un fiscal de la ciudad de Córdoba. Mientras que uno de los letrados recibió una pena de ejecución efectiva, el otro quedó en libertad condiciona­l al finalizar el juicio celebrado en la Cámara 8ª del Crimen.

Se trata de los abogados Aristóbulo Nicolás Ortíz y Julio Nicolás Torres, quienes fueron encontrado­s culpables del delito de extorsión por chantaje en grado de tentativa en perjuicio del fiscal Pedro Caballero.

El primero deberá purgar cinco años de cárcel (se le aplicaron tres años que fueron unificados con una condena anterior por otro delito), mientras que el segundo terminó con una pena de tres años de prisión, aunque continuará en libertad.

Las penas se decidieron en el marco de un juicio abreviado acordado con los abogados defensores. Los jueces fueron Juan Manuel Ugarte, Eugenio Pérez Moreno y Marcelo Jaime, y el fiscal de Cámara, Hugo Almirón.

En tanto, el fiscal Caballero, que actuó como querellant­e, estuvo representa­do por José D’Antona.

La figura penal por la que los dos abogados fueron imputados tiene una pena máxima de cuatro años. Por eso, al aplicarle tres cuartas partes de este monto, el fiscal valoró “no sólo la naturaleza de los hechos, sino la calidad de los involucrad­os y la responsabi­lidad social que importa el ejercicio de la profesión de abogado”.

El caso

Todo ocurrió el 18 de septiembre de 2013, entre las 14 y las 16, cuando los abogados Ortíz y Torres, se reunieron con el abogado Carlos Nayi en el estudio de este último.

Mientras que los dos primeros representa­ban a la joven Julieta Noé Arcana, quien había denun- ciado al fiscal Caballero, Nayi en ese momento patrocinab­a al funcionari­o judicial, que ya antes había acusado a la joven por un presunto chantaje.

Ella era novia de un preso cuya causa llevaba adelante Caballero y dijo que el fiscal le hacía “proposicio­nes” al tiempo que prometía la liberación del detenido.

La denuncia penal contra el fiscal no avanzó, aunque sí se inició un expediente administra­tivo que derivó en un reproche al funcionari­o judicial por su conducta.

De acuerdo a la causa que ahora terminó por ser juzgada, fue en aquel encuentro en el estudio jurídico que Ortíz y Torres le exigieron a Caballero, por intermedio de Nayi, la entrega de 200 mil a cambio de no divulgar a la prensa informació­n de la causa en la que supuestame­nte el funcionari­o judicial habría acosado a la joven Arcana.

Ante esto, Nayi les pidió que bajaran las pretension­es y les soli- citó que regresaran otro día. Fue entonces que este abogado denunció ante una fiscalía lo sucedido y se acordó proceder con un “delito experiment­al”: simular el pago de la extorsión para atrapar in fraganti a los dos abogados chantajist­as.

Y así fue. El 20 de septiembre de

2013, a las 9, Torres regresó al estudio jurídico de Nayi y suscribió el “acuerdo de no divulgació­n” junto con Caballero. Bajo la excusa de llevar el acuerdo para que lo firmaran Ortíz y Arcana, Torres se retiró unos minutos para después regresar junto al otro abogado. Fue entonces que Nayi y Caballero les entregaron

170 mil pesos.

Sin embargo, cuando Torres y Ortíz estaban por salir del estudio, irrumpiero­n los agentes de la división Delitos Económicos y los detuvieron con el dinero encima.

Lo curioso es que como los letrados no alcanzaron a salir a la calle, el caso terminó configurad­o como “tentativa”, por lo que la escala penal se redujo.

Ahora, al mensurar las penas, los jueces tuvieron en cuenta que el abogado Ortíz ya tenía una condena de 2016, de dos años y medio de cárcel de ejecución condiciona­l, tras ser encontrado culpable del delito de “estafa procesal en grado de tentativa”. Por eso, se le impuso un total de cinco años de prisión efectiva.

Al mismo tiempo, este letrado fue inhabilita­do para ejercer la abogacía durante cuatro años, mientras que Torres no podrá trabajar con su matrícula durante tres años.

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(LA VOZ / ARCHIVO) Operativo. Las detencione­s y el secuestro del dinero se llevaron a cabo en un estudio jurídico hace casi cinco años. Ahora llegaron las penas.

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