Peritaje clave por el mutilado de Nueva Córdoba
La pregunta del millón, cuya respuesta ayudará a dilucidar buena parte de la suerte de la autora de la mutilación del pene de su amante es saber si S. F. puede tener erecciones y recuperó la capacidad de mantener relaciones sexuales.
Después de la salvaje determinación de seccionar el 90 por ciento del miembro de su compañero sexual, aquella noche del sábado 25 de noviembre de 2017 en su departamento de barrio Nueva Córdoba, Brenda Micaela Barattini (26) está detenida en el pabellón femenino de la cárcel de Bouwer.
A la par, su víctima, un hombre de 40 años, fue tratado primero con una cirugía reparadora y a lo largo de los meses ha continuado con la asistencia de un urólogo que, más allá de toda prudencia, estaría satisfecho con la evolución.
Hoy, la calificación legal es de “lesiones gravísimas”, por la eventual pérdida de funciones sexuales, que implica una pena de tres a 15 años de prisión.
Si, en cambio, el paciente conserva su funcionalidad, la carátula cambiará a “lesiones graves”, con un pronóstico punitivo de tres a 10 años de encierro.
Primera aproximación
Hace pocos días, los defensores de Brenda –Iván Sironi, Lucas de Olmos y Adolfo Allende Posse– comenzaron con los primeros escarceos para pedir la libertad de la confesa victimaria.
El motivo de esta intención es que accedieron al resultado del primer peritaje practicado a la víctima por médicos forenses, oficial y de partes. El informe que habría recibido la fiscal Bettina Croppi indica que S. F. se encuentra en una situación como para considerar que sufrió “lesiones graves”.
Fuentes allegadas a la causa indican que la funcionaria judicial no se habría quedado con esa impresión “escueta”. Por eso, solicitó una ampliación de los puntos del peritaje en los cuales se expresen los fundamentos de la conclusión y algunos elementos médicos para establecer qué grado de funcionalidad tiene la víctima en su aparato genitourinario.
La pericia fue firmada en acuerdo unánime por el perito oficial Moisés David Dib y los de control Dante Pescenti (querella) y Cristian Sonzini Astudillo (defensa).
En realidad, los tres médicos forenses no vieron al paciente: lo que hicieron es (sólo) ver la historia clínica de la víctima, desde que fue asistido hasta que se le hizo la reconstrucción. A partir de esto, concluyen que el miembro se ha conservado y que tendría funciones urinarias satisfactorias.
Pero, además de ignorar lo que sucedió con el paciente a lo largo de todo 2018, desconocen cuál es el grado de funcionalidad del pene. Dicho en términos llanos, si el paciente tiene erecciones.
Por eso, hay que aclararlo: eventualmente, si es necesario, los médicos deberán abordar al propio paciente para llegar a conclusiones más determinantes.
Más allá de esta realidad, quienes conocen de cerca la causa aclaran que el cambio de carátula no tiene un impacto lineal en la situación procesal de Brenda, en particular en su recupero de libertad.
La fiscal Croppi, la jueza de Control Cristina Giordano y la Cámara de Acusación (voto de la jueza Patricia Farías) ya se pronunciaron y no comparten que Brenda recupere la libertad por haber una figura penal más benigna.
Sostienen que la prisión preventiva se debe a su “peligrosidad procesal”, en especial porque preparó la escena para involucrar a la víctima como violador. Tres opiniones femeninas que entienden que la detenida debe seguir tras las rejas.