Hipocresía, vergüenza y retroceso
El inédito debate sobre el aborto se reiteró en el Congreso de la Nación, con pocos brillos y muchas sombras. Se visualizó mayor dignidad en la calle, llena de mentes jóvenes, con un frescor no siempre atado al almanaque. Pero otra vez, en la opción entre dogma y razón, volvió a triunfar el primero, hijo dilecto del temor medieval.
Argumentos con parlanchina retórica volcaron conceptos de “vida” y de “persona” en un mismo insostenible andarivel. Se desconoce que la “vida” empezó en la Tierra hace 3,5 millones de años, y no se dice que un embrión no la inicia sino que es una eventual continuidad de dos seres preexistentes asociados.
La equívoca introducción del término “persona” implica una confusión acorde con la juridicidad que completa el embrollo. En este punto, sería de considerar la propuesta del Comité Nacional de Ética en Ciencia y Tecnología, cuando dice que “… la existencia de la persona como titular de derechos y obligaciones comienza con el nacimiento con vida”.
No existen los pretendidos jalones científicos para decidir si un embrión formado por 10 mil, 20 mil o un millón de células es “persona” o no. No existen dimensiones embrionarias ni tiempos de desarrollo que reemplacen la responsabilidad de apartarse de una estructura patriarcal y dar lugar a la genuina base humanitaria que apoye a la mujer como verdadera e irremplazable dueña de su cuerpo y de sus decisiones.
Diferencias
Se sabe que la proporción de muerte femenina derivada de abortos –en su mayoría clandestinos– es del 11 por ciento a nivel global, 13 por ciento en Latinoamérica y 20 por ciento en Argentina, donde supera el medio millón por año.
Involucra a todas las clases sociales, pero mientras los niveles altos y medios pueden pagar ese procedimiento clandestino, las mujeres pobres suelen recurrir a la aguja de tejer o su equivalente. En países con el aborto legalizado –Uruguay, entre otros–, la mortalidad materna asociada bajó a cero.
Por su parte, sólo el 30 por ciento de posibles gestaciones humanas naturales llegan a término. Es decir, el 70 por ciento de encuentros entre óvulo y espermatozoide finaliza en abortos espontáneos por anomalías de diversa índole, casi siempre desconocidas y antes de que la mujer conozca su embarazo. ¿Se castigará a la mujer también por ese 70 por ciento?
Prejuicios
Importantes antecedentes, como la ley 26.150, de Educación Sexual Integral, y la ley 25.673, de Salud Sexual y Procreación Responsable, están vigentes en Argentina, pero la presión política-clerical forzó su incumplimiento en muchas provincias, incluida Córdoba.
También suele desconocerse que desde 2016, el 65 por ciento del presupuesto destinado a sostener esas leyes fue congelado, por lo que se produjeron despidos masivos de especialistas en el área.
En suma, existe suficiente información científica y objetiva para que los “representantes del pueblo” pudieran hacer su trabajo menos vergonzoso. Pero en vez de asesorarse y pensar, la mayor parte optó por los lugares comunes y ofreció opiniones sin argumentos serios o apeló a rebuscadas anécdotas y a comparaciones “zoológicas” y “mercantiles”, que si no fueran tan dramáticas, hasta hubieran sido jocosas.
Durante el debate, no se escuchó un solo argumento de quienes están en contra de la legalización que no estuviera basado en dogma religioso, prejuicio doctrinal, convencionalismo social o escrúpulo personal disfrazado de seudohumanismo. El aborto –lo dijo hasta el papa Francisco– no es un problema religioso sino humano. El verdadero problema es cuando se quiere ser más papista que el Papa.
En la Córdoba pacata y revolucionaria, clerical pero agnóstica, conservadora aunque progresista, los que peinan canas conocen el doble rasero de los que rasgan sus vestiduras morales en “defensa de las dos vidas” al tiempo que ejercen remozados (o clásicos) “derechos de pernada”.
En paralelo, se busca convencer a la ciudadanía de las bondades de la “abstinencia sexual” o de la “objeción de conciencia institucional” aparentando no conocer que la conciencia, cuando se ejerce, es individual y no de una institución privada con fines de lucro.
¿Hace falta aclarar que una futura ley de aborto legal y no punible no obligará a una mujer a abortar sino que ofrecerá la posibilidad de tomar una (dolorosa) decisión sin condicionamientos sociales o religiosos?
Los señores legisladores también deberían proceder en el futuro sin condicionamientos sociales, reparos personales ni presiones clericales.
Deberían ser capaces de legislar con leyes laicas para un pueblo laico, no con el masomenismo de quien cuenta los futuros votos religiosos.
* Profesor emérito de la UNC