Los desvíos que marcan la causa Cordubensis
La causa Cordubensis (CBI) tiene un antes y un después desde que el juez federal Ricardo Bustos Fierro planteó que el fiscal Enrique Senestrari incurría en tres desvíos en la investigación: la pérdida del servidor 2, con el movimiento de dinero “en negro”; las exigencias desmedidas a particulares para acceder a sus cajas de seguridad, y la reticencia a investigar el lavado del Banco Nación, por 716 millones de pesos.
Otro capítulo especial en torno de esta compleja causa radica en que aún no se estableció el origen de los 290 mil dólares hallados en una caja de seguridad relaciona- da con Eduardo Accastello, el exintendente de Villa María y extitular del Ente Intermunicipal de Desarrollo Regional (Eninder).
Al mismo tiempo, quienes siguen de cerca este caso advierten que a fines del año pasado se agregó un elemento singular: la declaración del “arrepentido” Miguel Vera fue girada a Buenos Aires.
En épocas de cuadernos que hablan de cohecho en la obra pública, en Córdoba varios voltearon para mirar hacia la financiera CBI, una megamesa de dinero que monetizó buena parte de sus fondos en la sucursal del Banco Nación ubicada frente a la plaza San Martín, en la capital provincial, según se desprende de la causa judicial.
La planilla de cheques que está en el expediente muestra algunos nombres del servidor 1 (el 2 se perdió). Además de los cheques “grandes” de Osecac, hay otros firmantes, como Jefatura de Gabinete de la Nación, Pami, un tal “José López” y empresas constructoras, entre ellas una de las involucradas en la causa de los cuadernos.
Marcha atrás
Algo pasó con la intención de Senestrari de secuestrar los cheques del Nación. En abril de 2015, le pidió a Bustos Fierro que lo autorizara a hacerlo, para lo que requirió la participación de personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), del Banco Central (BCRA) y de la oficina de Digitalización de Procuración General.
Tras la autorización, fueron a digitalizar los cheques unas 20 personas, entre quienes estaban Anabella Bernardi, del BCRA, personal de Afip y los digitalizadores. Pero a último momento, frente a todos ellos, Nicolás Machione, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), les dijo que a ese organismo no le interesaban esos 45 mil cheques.
El valioso contenido en datos de esos cheques jamás se investigó. Aún están archivados (no secuestrados) en el subsuelo del Nación. La auditoría del BCRA señaló falta de controles antilavado.
Abogados con acceso a la causa consideran que esa información permitiría establecer la trazabilidad y vinculación con maniobras de lavado de activos. A la Justicia federal cordobesa parece no interesarle.
El festival de valijas
En estas páginas, se ha insistido sobre el caudaloso lavado de 716 millones de pesos en la sucursal céntrica del Nación. De allí retiraban, todos los días, tres valijas millonarias: una la llevaban empleados de CBI y las restantes tenían otro destino, sostuvo el empleado Luis de los Santos en su indagatoria. No se investigó el mecanismo que permitió al hoy arrepentido Vera monetizar todo tipo de cheques en dos cuentas de empresas fantasma, Jotemi SA y Halabo SA, que funcionaron ajenas al control antilavado.
En tiempo récord, esas firmas abrieron cuentas en la sucursal y obtuvieron las exenciones del impuesto al cheque en la Afip. La sucursal jamás puso objeciones a los millonarios depósitos de cheques y egreso de billetes.
Después de que Senestrari inició la investigación, Halabo siguió operando tres meses más.
El Nación no objetó el lavado ni envió reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera (UIF). La ley 25.246, de lavado de activos, indica que debe aplicarse una multa de una a 10 veces el monto lavado. Un mínimo de 716 millones de multa que se perdieron, porque prescribió la sanción.
¿Quiénes son Jo-te-mi?
La investigación no indaga en los valijeros Jorge Osvaldo Castro y Jorge Mellone. Tampoco, después de que el arrepentido declaró, quiénes eran los que estaban “arriba” de él, se investigó a los responsables de Halabo y, particularmente, de Jotemi.
¿Quiénes eran los miembros de Jotemi? Vera lo declaró, pero eso extrañamente se envió al Juzgado Penal Económico 5, de Buenos Aires, a pesar de que el lavado se hizo en Córdoba.
Fuentes del juzgado local confiaron a fines de 2017 quiénes son las personas de las que se deriva el nombre de fantasía Jo-te-mi: Joa- LA CAÍDA. El 13 de febrero de 2014 se halló el cadáver del vicepresidente de Cordubensis, Jorge Suau. Esto inició la corrida que precipitó la caída de la mesa de dinero.
CARTA. Suau dejó una carta póstuma que sirvió de hoja de ruta a la investigación.
RODRIGO. Tras salir del país, el presidente de CBI, Eduardo Rodrigo, regresó en marzo de 2014 y prestó declaración. Meses más tarde, fue detenido por supuestas maniobras de enajenación de capital.
JUICIO. A mediados de noviembre se hará el primer juicio de esta megacausa, con Rodrigo, sus socios y otros imputados en el banquillo de los acusados. quín J. (Jo), Teófilo Manuel G. (te) y Miguel Vera (mi). Los dos primeros, de Capital Federal, armaron la sociedad que necesitaban en Córdoba reclutando al hoy arrepentido. Teófilo Manuel G., que tras caer CBI formó otra sociedad financiera.
La Justicia federal de Córdoba, donde se hizo el lavado, envió las actuaciones a un juzgado porteño.
La recusación del fiscal
La Auditoría General de la Nación (AGN) descalificó al Eninder por elevados sobreprecios, adjudicar obras de municipios sin licitación y no tener ningún marco regulatorio.
Accastello era el titular del ente y siguen siendo una incógnita los 290 mil dólares de la caja de seguridad relacionada con él.
Senestrari demoró el avance de esa investigación, hasta que en junio pasado la Cámara Federal de Casación le ordenó investigar a Accastello por lavado de activos.
Tampoco Senestrari demostró en el expediente interés por investigar cuál era el movimiento de cajas de seguridad a nombre de “Somos Cristina” y de Accastello como titular.
Senestrari es cuestionado por los defensores de Darío Onofre Ramonda por falta de objetividad. Su recusación es tramitada ahora por el juez de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena.
Esos abogados sostienen que este juez tampoco deja producir la prueba que demuestra que el fiscal no es objetivo. Manuel de Allende y Justo Casado indican que “el juez de La Rioja parece no estar a la altura de las circunstancias”.
Casado sostiene que este magistrado “ha impedido la prueba dirimente respecto del desvío de la investigación de Senestrari, como la declaración testimonial del secretario del juzgado Nº 1, Facundo Troncoso, y el de la misma fiscalía, Gonzalo Olmedo, los dos fedatarios que deberían ser citados como testigos clave”.
“Estamos convencidos de que si se produce la prueba que hemos ofrecido, quedará demostrado que Senestrari incurrió en graves conductas de encubrimiento en beneficio de ciertos sectores políticos afines a él”, remató De Allende.