Investigan a la asociación “De la Sota”
La Justicia federal de Córdoba la investiga hace ya cuatro años. Incluyó escuchas telefónicas e inteligencia.
Una resolución que firmó el juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro hace cuatro días, el miércoles 5 de septiembre, acaba de agregar un nuevo capítulo a una historia que se mantuvo en secreto durante siete años.
Los hechos conocidos empezaron el 28 de julio de 2011, cuando la Asociación Civil De la Sota Liderazgo y Conducción abrió una cuenta en la sucursal Buenos Aires del Banco Julio, y una señora depositó 350 mil pesos en efectivo.
Se trataba de la secretaria privada del exgobernador y por entonces candidato a un nuevo período, Elsa del Carmen Aramayo, quien aparecía como presidenta de la asociación constituida el 20 de noviembre de 2009 en la ciudad de Buenos Aires, con el declamado objetivo de “desarrollar el capital humano”, realizar “actividades de investigación y desarrollo de estudios” y promover “el bienestar de la República Argentina y de la provincia de Córdoba en particular”.
Según la investigación que realizó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), por entonces a cargo del fiscal Carlos Gonella, la asociación fue en realidad una herramienta de recaudación de fondos para la campaña a gobernador de De la Sota en 2011. Según sospechan los investigadores, habrían sido aportes económicos extra a los declarados por Unión por Córdoba ante la Justicia Electoral.
Informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) indican que la asociación para sostener la candidatura de De la Sota tuvo, a través de dos cuentas abiertas en los bancos Julio y Macro, un total de depósitos de 12.504.614,77 pesos, que equivalían a 3.002.308 dólares según la cotización de fines de julio de ese año.
La cifra que está siendo investigada como sospechosa, por “posible lavado de activos relacionado con una asociación civil”, es la mitad, unos seis millones de pesos
que fueron depositados en efectivo y que dispararon dos reportes de operaciones sospechosas (ROS) de ambas instituciones financieras.
El resto, según dijeron a este medio dos funcionarios que tuvieron acceso a los informes, fue depositado a través de cheques que permitieron la trazabilidad de los fondos. Casi en su totalidad, ese dinero fue destinado al pago de publicidad para la campaña a gobernador de De la Sota. El 51 por ciento fue a la agencia que elaboró la campaña y el resto se distribuyó entre los medios de prensa de Córdoba.
Algo que llamó la atención de los investigadores fue que la asociación civil no estaba inscripta ante la Inspección para Personas Jurídicas de Buenos Aires. Pero en presentaciones posteriores, directivos de la asociación sostuvieron que no tenían obligación legal de registrarla.
Doce fundadores
Según documentación en poder de la Justicia federal, la asociación tuvo 12 miembros fundadores. Aramayo, su presidenta, también se desempeñó como delegada oficial del Gobierno de Córdoba en la ciudad de Buenos Aires durante cerca de una década, desde 2009. No fue la única funcionaria del gobierno que trabajaba en la asociación civil: también estaba el abogado Carlos Arias Peracca, entonces apoderado de la Procuración del Tesoro de la Provincia, quien prestó a la entidad su domicilio profesional en Talcahuano 638, 7° A, frente al Teatro Colón.
Además, integraron ese directorio original los empresarios y exfuncionarios delasotistas Oscar Horacio Miró y Roberto Walter Poplawski. Los restantes fundadores de la asociación son personas que están o estuvieron vinculadas al área empresarial de Miró, como Marcos Javier Busico, director en la firma Mercados y Comunicaciones SA, de la que Miró fue presidente. Otro, Lucio Rodolfo Reta, fue empleado en la empresa Basaa SA, también del grupo de Miró. La exdiputada y exsenadora nacional delasotista Beatriz Halak también fue fundadora.
El pedido de informe de Procelac aterrizó en la oficina del fiscal federal Enrique Senestrari, por entonces miembro de la agrupación Justicia Legítima, brazo judicial kirchnerista que tenía a De la Sota como un claro adversario político.
Senestrari comenzó su investigación por lavado de dinero y acabó pidiendo colaboración hasta a tres fuerzas nacionales de seguridad. Intervinieron Gendarmería, Policía Federal y hasta la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Tareas de inteligencia
La investigación por supuesto lavado de dinero, que ya tiene ocho expedientes, dos anexos y dos cajas con documentación, incluyó la realización de numerosas tareas de inteligencia: fotografías de domicilios, investigación de transferencias de vehículos y hasta intervenciones telefónicas.
Las conversaciones en cuatro líneas telefónicas de la hija mayor del exgobernador, Candelaria de la Sota, quien participó en actividades vinculadas a la asociación civil, habrían sido escuchadas durante meses. También se libraron oficios a Direct TV, Edenor y otras empresas de servicios, para buscar vínculos económicos de los directivos.
La hermana de Candelaria, Natalia de la Sota (concejala de la ciudad de Córdoba), dijo a La Voz que desconocían por completo la existencia de esta investigación. “Me estoy enterando de esto por ustedes”, dijo, y tuvo unas palabras para Elsa Aramayo: “Ella es una persona a quien mi papá le tiene una gran confianza desde hace mucho tiempo”.
La actuación de Senestrari fue muy criticada por otros miembros de la Justicia federal cordobesa, que consideran que siguió a los miembros de la asociación civil “como si hubieran sido narcos”. Le endilgan que realizó su investigación sin control jurisdiccional y por medio de forum shopping :la comenzó por un correo electrónico que le envió Procelac justo un día antes de que terminara el turno del juzgado de Bustos Fierro.
Senestrari, que sabe que cada uno de sus actos son escrutados con microscopio por el juzgado, ahora tiene el “quiero” para decidir cómo continúa esta partida de truco. “Ya accedí al expediente; ahora –dijo a La Voz– tengo que ver el informe de la UIF y si coincido o no con lo que dice el juez. Luego resolveré”.
Bustos Fierro decidió hace cuatro días no pedir el levantamiento del secreto bancario de las cuentas de la asociación civil, como quería el fiscal, sino simplemente hacer un pedido de información a uno de los bancos. También dictaminó en contra de la intención de tres legisladores cordobeses (Juan Pablo Quinteros, Liliana Montero y Aurelio García Elorrio) que esperaban que la Justicia federal acogiera la investigación de la presunta coima de 36 millones de dólares que empresas brasileñas habrían pagado a funcionarios cordobeses, para ganar la obra de los gasoductos troncales.
Esto, porque la UIF detectó un nombre en común en las dos investigaciones: Ramiro Sosa Navarro, hijo del ministro provincial de Obras Públicas Ricardo Sosa y directivo de Madero Urbana, empresa dueña de las torres Art María en Puerto Madero. Además, Sosa Navarro también fue uno de los aportantes a la asociación civil, con nueve mil pesos.
Una nueva fundación
Bustos Fierro señaló en su resolución que el monto de dinero que administró la asociación civil De la Sota es pequeño en relación con la operación que denunciaron los tres diputados: la transferencia de las torres en Puerto Madero a la empresa Gdisa, en 2011, vinculada al grupo empresarial de Miró.
José María Salinas, abogado de Elsa Aramayo, dijo a este medio que su clienta “ha colaborado siempre con la investigación para acreditar el origen de los fondos, que es lícito, y el juez corroboró que eso es cierto. Las medidas que pidió el fiscal no aportaron más”.
Salinas dijo que el dinero que manejó la asociación provino de “aportes que hicieron personas físicas y jurídicas para la publicidad de la campaña de De la Sota”.
La fiel colaboradora del exgobernador ahora es presidenta de la Fundación Consensus, también con domicilio en Buenos Aires, que promueve la precandidatura a presidente de De la Sota.
La nueva fundación, en la que Natalia de la Sota es vocal titular, construye un mensaje conciliador, con numerosas citas al papa Francisco, reuniones con los curas villeros del cordón bonaerense y fiestas y veladas artísticas que usan como sede la Casa de Córdoba en Buenos Aires.
SEGÚN LA INVESTIGACIÓN DE PROCELAC, LA ASOCIACIÓN RECAUDÓ PARA LA CAMPAÑA DE DE LA SOTA, EN 2011.
EL DEPÓSITO EN EFECTIVO DE SEIS MILLONES DE PESOS DISPARÓ DOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS).