De eso no se habla: Anses, el punto más sensible del déficit
No habrá manera de estabilizar las cuentas públicas en la Argentina sin pronunciar la sigla a la que todos le escapan: Anses. Ni el oficialismo, ni la actual oposición –responsable de lo que hoy ocurre–, ni la sociedad en general están dispuestos siquiera a iniciar el debate sobre los recursos de la Administración Nacional de Seguridad Social.
Las cuentas de Anses, y de todo el gasto social en general, están escondidas, pese a que el país este año destina a ese fin el 58 por ciento de su presupuesto.
Por gasto en seguridad social se entiende el pago de jubilaciones y pensiones, regulares y por moratoria, y las asignaciones específicas que maneja Anses, como las familiares, la Asignación Universal por Hijo, la ayuda escolar anual, pensiones no contributivas y las becas Aprender. No se incluye el gasto en Pami ni en tarifas sociales.
Un aviso para los amantes de tapar el sol con la mano: esta no es una nota que predique la baja del gasto. Más bien habría que aumentar los ingresos genuinos, con impuestos asumibles para una Pyme. Pero igual hay que discutir ese enorme elefante que es Anses para el gasto público.
Un número lo describe: el déficit de la seguridad social argentina en 2018 terminará en 436.602 millones de pesos. Y para 2019 se proyecta en 524.136 millones, según datos de la Secretaría de Hacienda de la Nación. La cifra es similar a la del ajuste que hay que lograr en 2019 para llegar el déficit cero.
De nuevo: el gran problema de las cuentas públicas argentinas está ahí.
Es cierto que todo el Estado gasta mucho y mal, pero buena parte del enorme déficit de Argentina se explica por la seguridad social. Si la decisión política es no revisar ese gasto, el recorte hay que hacerlo en otro lado: en el sueldo de los profesores universitarios, en la obra pública, en mayor presión de Ganancias o en los despidos de Fábricas Militares, por ejemplo.
En detalle
Veamos los números. El sistema de jubilaciones y pensiones en Argentina, que tiene 6,5 millones de beneficiarios, se financia por dos vías. La más genuina son los aportes que hacen los trabajadores activos (el 11 por ciento de su salario) y sus empleadores (16 por ciento promedio). Esto suma, en 2018, 698.167 millones de pesos y alcanza a cubrir el 64 por ciento del gasto en jubilaciones, que será de 1.092.167 millones. Para 2019, alcanzará apenas para el 59 por ciento.
Para entender esa desproporción hay que recordar que, hasta
2005, había 3,1 millones de jubilados. Desde 2006, vía moratoria, se incorporaron beneficiarios sin aportes reglamentarios y se sumaron al sistema 3,7 millones de beneficiarios: 119 por ciento más de los que había.
Para cubrir ese rojo, el Tesoro le deriva a Anses impuestos que no se coparticipan y que son de uso específico, como una parte del IVA, todo el impuesto al cheque y
28 por ciento del impuesto a los combustibles, entre otros. En los últimos años, con esta segunda vía de ingresos adicionales, se cubría el pago de jubilaciones, pero cada vez con menos holgura: en 2019, el gasto superará en cinco por ciento esos ingresos. Esto se explica por el cambio de la fórmula de movilidad que hizo Cambiemos: como el 70 por ciento sigue a la inflación, la indexación se dispara.
Ese no es el único problema, porque Anses asume el pago (ya no con fondos propios, sino del Tesoro) de otras prestaciones, como las más de un millón de pensiones no contributivas; las asignaciones por hijo, escolaridad, matrimonio, discapacidad y adopción (que se pagan a los trabajadores en blanco); la universal por hijo y por embarazo (que se pagan a los informales y monotributistas), y otros programas específicos, como las becas educativas Progresar.
La Reparación Histórica va por otra vía, ya que se financia con los fondos ingresados en el blanqueo impositivo y no está en esta cuenta, aunque se suponía que serviría para enderezar alguna reforma que le diera más sustentabilidad al sistema. De hecho, la ley de reparación da un plazo de tres años para discutir eso y pasaron dos sin que se hubiera avanzado nada.
El Tesoro destinará para cubrir los gastos de seguridad social
436.602 millones este año y 524.136 el que viene. Esto es así porque el
28 por ciento del gasto que se pretende realizar este año y el 32 por ciento de las prestaciones del año que viene no se cubren con los ingresos genuinos del sistema.
Estas transferencias representan una tercera vía de financiamiento del gasto. Encima, este año, según las proyecciones oficiales, pasará algo inédito: los recursos que el Tesoro presupuestó para seguridad social tampoco alcanzarán para cubrir el déficit: faltarán
6.470 millones. Nada alcanza, todo es insuficiente.
Para tener una idea: el presupuesto de toda la provincia de Córdoba es de 150 mil millones. El rojo de la seguridad social lo triplica. Ese rojo equivale a la mitad de la coparticipación que este año la Nación les enviará a todas las provincias. El número es gigantesco.
Argentina podría cumplir el déficit cero en 2019 con la excepcionalidad de las retenciones. Pero, para 2020, el debate de la seguridad social resulta ineludible. No hay forma de llegar al equilibrio sin asomarse al sistema previsional.