Una ley nacional ignorada
Entre las noticias de cualquier ciudad durante cada fin de semana, se hallan las referidas a episodios de violencia y discriminación en establecimientos nocturnos y boliches bailables adonde concurren nuestros adolescentes y jóvenes.
Entre esos incidentes, se encuentran aquellos que protagonizan quienes asisten con el ánimo de alborotar y quienes son contratados por los locales –en muchos casos de modo informal– pese a que carecen de la formación adecuada para contener tales desbordes, y a veces agravan los sucesos que deben evitar.
La pregunta siempre para las autoridades es de qué manera mitigar su ocurrencia y velar con las herramientas más adecuadas por la vida, la salud y la integridad física y moral de los concurrentes, y asegurar que lo que suele ser una salida de esparcimiento no se convierta en un hecho penoso.
Es cierto que la nocturnidad implica múltiples aspectos, desde el consumo de alcohol hasta el horario de apertura y cierre de los comercios, pasando por la localización, seguridad y habilitación de los locales. Esas normas son de distinto origen (nacional, provincial y municipal) y también lo son las autoridades con potestades de fiscalización.
Ahora bien, una de las cuestiones que hace a control y seguridad refiere a los que brindan el servicio de admisión y permanencia, denominados “patovicas”, quienes en varias jurisdicciones son personal de seguridad pública contratado por la modalidad de pago de adicionales.
El equívoco se torna más grave dado que Argentina cuenta con una norma con pocos antecedentes, como es la ley 26.370, que regula disposiciones básicas sobre admisión y permanencia, condiciones y requisitos que deben cumplir el personal y las empresas que contratan al cuidador.
Propone así distinguir entre la seguridad policial y privada de aquella que, con características muy diferentes, se exige cuando lo que se requiere es velar por el normal desarrollo de espectáculos públicos; lo que requiere de una preparación mínima.
En esos casos, se busca a quienes entiendan la posibilidad de que ocurran conflictos, los prevengan y disuadan, y no que sólo brinden respuestas violentas ante el primer inconveniente.
Así, una norma destinada a ordenar a empleados y empleadores y registrar su habilitación también impone mínimos de capacitación, formación, preparación, control y legalidad en la actividad.
Esta ley, a la que Córdoba no ha adherido hasta la fecha, suma la búsqueda por desarticular los mecanismos de discriminación que suelen ser denunciados, y que tienen como ejecutores a quienes controlan las entradas. Obliga a las empresas a señalar mediante carteles en la puerta de ingreso cuáles son las condiciones de admisión, para clarificarlas y evitar subjetividades.
* Subsecretaria de Asuntos Registrales (Ministerio de Justicia y DD.HH. de la Nación)