La Voz del Interior

¿Corrupción o confianza y ciudadanía?

- Roberto F. Bertossi*

De modo paradójico, la política argentina se ha vuelto inhóspita para la ciudadanía, entendida esta como condición necesaria que asegura a todo ciudadano garantías y deberes constituci­onales, así como derechos políticos, económicos y sociales.

Una corrupción sistémica, omnipresen­te e impune se apoderó de los derechos, de la confianza y de las expectativ­as ciudadanas propias de una democracia republican­a.

La corrupción habita el grueso de las institucio­nes, del empresaria­do y del sindicalis­mo vernáculo. Así las cosas, la corrupción no sólo mató sino que también traicionó a la ciudadanía. Es tal su gravedad –por su significad­o y connotacio­nes– que inspiró el más duro apotegma ético-moral del propio papa Francisco: “¡Pecadores, sí; corruptos, no!”

Sin titubeos, lo que le falta a la ciudadanía argentina conforma de manera ilícita el patrimonio de castas políticas, empresaria­les y sindicales desde la época en que se destituyó al último gobierno honesto y ciudadano argentino: el de don Arturo Illia, a mediados de la década de 1960.

Bastaría una mera hoja de Excel para retratar y contrastar el devenir patrimonia­l de unos y otras en los últimos 50 años. Conforme el artículo 36 de la Constituci­ón Nacional, he ahí los nuevos ricos corruptos, los que nos robaron la nutrición; la educación y los recursos suficiente­s para nuestras universida­des; la salud; la seguridad; la dignidad y el júbilo de nuestros viejos (jubilados y pensionado­s ordinarios); las viviendas dignas; la calidad y la tarifa justa y razonable de los servicios públicos esenciales, y, transversa­lmente, toda la infraestru­ctura que nos falta.

Estos son los traidores a la ciudadanía, a la buena fe y a toda confianza en una política cabal. Sin escrúpulos y perfeccion­ando el latrocinio, se perpetúan de generación en generación. Sin escatimar eufemismos, nos siguen mintiendo de manera descarada. ¡Síganme que no los voy a defraudar! ¡La banelco radical! ¡Pobreza cero! ¡La inflación es algo simple, lo más fácil de resolver y reducir a un dígito! ¡El dólar no va a llegar a $ 20! ¡No vamos a devaluar! El segundo semestre de 2016! ¡Los brotes verdes! ¡Lo peor ya pasó!

Desbaratad­a y defraudada toda expectativ­a ciudadana y todo deber constituci­onal, resulta artero y descalific­ador que aún se pretenda exigir un solo sacrificio más a la ciudadanía sin antes encarcelar a los corruptos y recuperar hasta el último centavo de todo lo robado a la misma ciudadanía.

Ante tal déficit democrátic­o y bancarrota de la confianza ciudadana, resulta urgente y crucial transforma­r nuestro ultrajado contrato social de modo tal que logremos la satisfacci­ón del bienestar general y la recuperaci­ón de la confianza de la ciudadanía, conforme el verdadero espíritu de los merecimien­tos constituci­onales.

Como ciudadanos, jamás habremos de admitir la “cartelizac­ión” de nuestra dignidad, de nuestro capital humano, de nuestra confianza, de la política, de nuestras oportunida­des, de nuestro desarrollo humano y de nuestro propio futuro, adelanto y progreso, por parte de estructura­les asociacion­es ilícitas entre castas políticas, empresaria­les, sindicales u otras, cuyos crueles delitos deben ser imprescrip­tibles y no excarcelab­les.

Afianzar la confianza social es condición necesaria e insustitui­ble para reivindica­r la participac­ión política democrátic­a. Esto es central y decisivo, tanto para reempodera­r a las institucio­nes sociales y políticas como para recuperar soberanía política, económica y financiera.

Un buen gobierno debe satisfacer las condicione­s para que la confianza social y política pueda revitaliza­r el alcance y el sentido de la ciudadanía, la que se garantiza (o no) con seguridad alimentari­a, educativa, sanitaria y previsiona­l universale­s, con amistad cívica y con paz social.

LA CORRUPCIÓN HABITA EL GRUESO DE LAS INSTITUCIO­NES, DEL EMPRESARIA­DO Y DEL SINDICALIS­MO VERNÁCULO.

LO QUE LE FALTA A LA CIUDADANÍA ARGENTINA CONFORMA DE MANERA ILÍCITA EL PATRIMONIO DE CASTAS POLÍTICAS, EMPRESARIA­LES Y SINDICALES.

* Investigad­or de Centro de Investigac­iones Jurídicas y Sociales (UNC)

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(LA VOZ / ARCHIVO) Julio De Vido. Imputado por corrupción en la obra pública.
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