Juicios abreviados: que pase el que sigue
Apenas los tuvo a pocos metros, la mujer se quebró y el grito le salió desde lo más profundo: “¿Por qué me lo mataron así?”. Por primera vez, Noelia Ardile tenía frente a sí a los tres delincuentes que, hacía seis meses, habían matado a su pareja, Hugo Mansilla, pegándole con un palo en la cabeza para robarle la moto y el celular.
La emboscada, frente a villa Los Cortaderos de la ciudad de Córdoba, llegó a juicio en tiempo récord a la Cámara 3ª del Crimen. A los criminales les podía caber una durísima condena, a tenor de la acusación de homicidio en ocasión de robo: 25 años de cárcel.
Cercados por las pruebas y ante una condena severísima, sus defensores se sentaron a hablar con el fiscal y el querellante de la viuda para llegar a un acuerdo.
El cónclave, plenamente legal, terminó con manos saludándose, como quien vende un auto.
Y así fue. Los delincuentes aceptaron haber cometido la bestial emboscada y pidieron disculpas. Dos de ellos, incluso, derramaron lágrimas y ensayaron muecas de pena.
El juicio abreviado duró minutos y los criminales se fueron con la pena acordada horas antes en una oficina y suscripta ahora por los jueces: 11 años y medio de cárcel; ni la mitad de lo que podría haberles correspondido en un juicio normal.
Aquella audiencia, del jueves último, se agrega a una extensa cadena de juicios abreviados que viene registrándose de manera más reiterada en los Tribunales cordobeses, principalmente en Capital. Se trata de una tendencia avalada cada vez más por fiscales y jueces y, por cierto, muy bien usufructuada por algunos abogados que tienen a clientes contra las cuerdas y no saben cómo hacer para que esquiven tantos años de encierro.
El ‘abreviado’ es un trato que a cualquier desprevenido puede indignarle.
“Yo acepto lo que ustedes dicen y me condenan, pero por mucho menos de lo que me correspondería. Si no, no acepto nada, vamos a juicio normal y pruébenme todo”, parece ser la lógica de quien espera en una celda.
Incorporado a la legislación argentina hace algunas décadas, el juicio abreviado –como contraposición al normal– es un mecanismo que busca economía procesal.
Con un sistema judicial colapsado por causas, presos y escasos recursos humanos y materiales, se intentan resolver expedientes y brindar justicia sin tantas dilaciones para el Estado y las víctimas. Sabemos de sobra lo que es la justicia lenta.
El beneficio central es que las cámaras del Crimen dejan de estar saturadas y resuelven las situaciones de sus acusados.
Hay cámaras del Crimen donde los reos no sólo confiesan, sino que además pagan el daño causado a la víctima: todo redunda en menos condena.
En la oleada de abreviados, venimos viendo desfilar desde homicidas en asaltos hasta asesinos en peleas urbanas, pasando por violadores (incluso seriales), narcos, golpeadores, asaltantes, estafadores, abusadores. La lista es enorme.
Toda gente arrepentida, toda gente con menos pena que la que podría haberles cabido.
En paralelo, cada vez más abogadas y abogados se aferran a este mecanismo, sobre todo cuando se enteran con qué clase de fiscal tendrán que vérselas en el estrado.
Un estudio judicial realizado en 2015 ya mostraba que de 3.000 sentencias en Córdoba, 757 fueron en instancias abreviadas (el 25 por ciento). Se descuenta que el próximo estudio demostrará una proporción mayor.
Sus propulsores insisten en que se logra más eficiencia y se gasta menos. Sus detractores remarcan que no se aplican penas justas, se choca a la Justicia y hasta se violaría el proceso de defensa.
El Tribunal Superior de Justicia, al ratificar tiempo atrás una condena, avaló el procedimiento del abreviado en Córdoba.
Sea como fuere, la tendencia del abreviado va en aumento. Un veterano abogado bromeaba días atrás en Tribunales II: “Algunas cámaras del Crimen van a tener que poner un molinete en la puerta”. Que pase el que sigue.
CRECE LA TENDENCIA DE JUICIOS ABREVIADOS EN CÓRDOBA. LOS PRESOS CONFIESAN Y RECIBEN PENAS MUCHO MÁS REDUCIDAS.