Un cambio legal no alcanza
Una comisión de la Cámara de Diputados de la Nación emitió un dictamen a favor de una posible modificación de la Ley de Educación Sexual Integral. El proyecto aún no fue tratado en el recinto, pero reabrió el debate: ¿cada escuela tiene derecho a impartir los contenidos en función de su ideario y de las convicciones de sus miembros? O, por el contrario, el Estado debe imponer un marco general ineludible.
En el centro de la polémica hay dos cuestiones. Por un lado, si el sistema educativo vigente está regido por el principio de la laicidad, que fue tenido en cuenta al fijar la transversalidad de la educación sexual, ¿pueden las escuelas confesionales ir en contra de ese principio al abordar el tema en las aulas?
Por otro, si los materiales generados por el Ministerio de Educación tienen presente leyes relacionadas con lo sexual, de modo que se propone transmitir al alumnado una perspectiva inclusiva y no discriminatoria, ¿pueden las escuelas o los docentes oponerse en base a sus propias creencias?
Los sectores más ortodoxos de la comunidad evangélica son, en la práctica, los que se oponen de manera más activa. Postulan que estas cuestiones son responsabilidad exclusiva de los padres, y protagonizan una llamativa campaña en contra de la educación sexual: envían cartas a las escuelas para pedir que se abstengan de enseñar el tema.
Las escuelas católicas, en cambio, a través de la institución que las agrupa, no se oponen a la educación sexual. Pero observan con preocupación la eventual modificación de la ley: aspiran a conservar cierta autonomía para vincular los contenidos con su ideario, y reivindican la libertad de enseñanza.
La realidad es que, en la práctica, todas estas cuestiones tornan inviable la Ley de Educación Sexual aprobada hace ya 12 años.
Un relevamiento del Ministerio de Educación cordobés lo demuestra: los enfoques moralistas y religiosos, que