Hace falta un compromiso profundo
Volvió a ocurrir: un policía ejecutó a su novia y a la madre de ella, y después se pegó un tiro. Tres vidas cobradas con un arma oficial. Ocurrió en El Diquecito, cerca de La Calera, el domingo pasado. Las víctimas fueron Magalí Pérez, de 20 años, y Nancy Beatriz Pérez, de 54 años. El homicida se llamaba Carlos Eduardo Monge y tenía 35 años.
Con las muertes de Magalí y Nancy Pérez, ya son cuatro las mujeres que en 2018 fueron asesinadas por efectivos policiales. Las otras dos se llamaban Cristina Rodríguez, de la ciudad de Córdoba, y Deolinda Díaz, de Despeñaderos. Si se retrocede unos años, hay más nombres de mujeres que sufrieron la misma tragedia: Yuliana Chevalier (2017), Celeste Montes (2016), Andrea Porta (2014), Andrea Fernández (2013) y María Soledad Torres (2012).
Es difícil aceptar que las mismas personas a las que el Estado les concede la potestad de mantener la paz social se conviertan en una amenaza pública.
¿Cómo confiar en un uniformado si se sospecha de él o si se lo ve como un peligro potencial?
Los casos consignados se encuadran dentro de lo que se denomina “femicidios”, que no son, por cierto, las únicas manifestaciones de violencia policial. Pero resultan significativos porque revelan un tipo de mentalidad machista que se encuentra en las antípodas del perfil que debería tener hoy un agente de seguridad.
Sin dudas existen explicaciones sociológicas y psicológicas que dan cuenta de machismo dentro de la Policía. Pero, antes que para esgrimirlas como excusas, esas explicaciones tendrían que servir para detectar a los individuos a los que el Estado no debería nunca ponerles un uniforme y un arma en las manos.
El caso de Carlos Monge reviste mayor gravedad porque había estado con carpeta psiquiátrica durante al menos cinco años y tenía una denuncia previa por violencia de género. Esos antecedentes no impidieron que tres meses antes del trágico episodio, Medicina Laboral de la Jefatura Policial lo volviera a considerar apto para portar armas. La Justicia tendrá que determinar la idoneidad de los profesionales en esa área.
El debate por los controles de salud mental a los agentes de fuerzas de seguridad se mantiene desde hace años. Además, hay proyectos de ley presentados en la Legislatura que no fueron tratados. Como se ve, la cadena de responsabilidades es larga y no se reduce a la institución de seguridad, sino que alcanza a la esfera política.
La provincia de Córdoba no puede permitirse más casos como los del agente Monge. Y para lograr ese objetivo, tanto las autoridades policiales como las políticas tienen que comprometerse a fondo en el tema.