La Justicia y la grieta
Cuando Eugenio Zaffaroni ya había sido propuesto como juez de la Corte Suprema de la Nación, concedió un reportaje a la revista Rolling Stones .El periodista le preguntó si le parecía que era feo mandar gente a la cárcel. Zaffaroni respondió: “Sí, pero la diferencia es cómo lo encarás. Abrís un expediente y decís: ‘A ver cómo lo zafo a este’. Y si zafarlo no está bien, entonces digo: ‘A ver cómo hago para que la lleve más aliviada’. Abriendo un expediente así, con esa idea, vas a dormir tranquilo siempre. En definitiva, la función del juez penal es contener el poder punitivo, ¿viste?”.
Poco después, ante la Comisión de Acuerdos del Senado, Zaffaroni se presentó acompañado por su secretario, un exconvicto que fuera condenado por secuestro extorsivo de menores, en complicidad con la guerrilla. De ese modo, enviaba otro mensaje claro acerca de su idea sobre el derecho penal.
Este concepto del Derecho, el “garantismo”, es uno de los capítulos más importantes de la grieta que divide a los argentinos en dos proyectos de país completamente diferentes uno del otro.
Tiene una pretensión de “sensibilidad social”: los delincuentes y criminales son víctimas de un sistema injusto que los empuja hacia el delito y, por lo tanto, la punición debería abolirse o atenuarse hasta límites irrisorios. Esta suavidad en el trato del delito abomina de la severidad de las penas y desparrama criterios permisivos que no pocas veces desembocan en desenlaces trágicos (libertades condicionales desaconsejadas, prisiones domiciliarias inconvenientes, etcétera).
Los jueces complacientes con el crimen son vistos por la población como la prueba de la vigencia palpable de la impunidad, y esta es un estímulo poderoso para los excesos en la legítima defensa, la justicia por mano propia y los linchamientos.
Represión, mala palabra
Hay un delito por el que los “garantistas” sienten especial rechazo: la justicia por propia mano. En este caso, son inflexibles. Durísimos. Acá no valen atenuantes. Principalmente porque constituye una brutal rebelión contra la impunidad que genera el garantismo.
Pero, en cierto modo, es la contracara de la impunidad: cada vez que aparece un vengador, o una víctima que se defiende, suscita el apoyo popular. Incluso en casos dudosos, en los que el asaltante es perseguido y abatido cuando ya no significaba peligro alguno. Un juzgado popular acaba de declarar no culpable a un carnicero que persiguió, atropelló y mató a un ladrón que le había sustraído dinero en forma violenta. Hace algunos meses, el propio presidente de la Nación recibió en su despacho a un policía que había perseguido y abatido a un criminal en La Boca. La grieta es evidente.
El garantismo pretende asociar la palabra “represión” a la dictadura militar, a la violencia ilegítima ejercida desde el Estado y no a la defensa de los derechos de los ciudadanos ante la acción o la amenaza de quienes violan la ley.
La Policía no interviene porque teme ser acusada de perpetrar excesos. Los gobernantes prefieren no habilitar a la Policía para que reprima los desmanes, pues sienten horror de que una gota de sangre trunque su carrera política. Y la Justicia mira hacia otro lado. Algunos jueces, los de “justicia legítima”, por convicción y militancia política; otros, por miedo al escrache o a la condena pública y en defensa de su carrera judicial.
Desmanes y revolución
La toma del Pabellón Argentina en la Ciudad Universitaria de la ciudad de Córdoba muestra la situación grotesca a la que el garantismo puede llevar a la sociedad toda. Un pequeño grupo de estudiantes de izquierda toma instalaciones universitarias durante cuatro semanas. Presentan un listado de reivindicaciones que incluye reclamos completamente desproporcionados y extravagantes. Las autoridades universitarias, como no quieren líos, se sientan a esperar. Un juez federal “garantista” pide que todo se resuelva mediante el diálogo.
La Provincia no puede intervenir, pues se trata de jurisdicción federal. Quienes quieren reanudar las clases reclaman, pero los estudiantes de izquierda mantienen y prolongan la toma violenta.
Hace 100 años la Universidad reclamó y consiguió su autonomía. Esto significa que se gobierna a sí misma mediante sus instituciones: organismos, consejos, asambleas. Pero estas instituciones se muestran impotentes ante un pequeño grupo de violentos, para quienes la formación universitaria es tan sólo un pretexto para su militancia política. El panorama es desolador: mientras un puñado de ‘nenes de papá’ hacen la revolución, el resto de la comunidad universitaria tiene que armarse de paciencia hasta que, fatigados, desalojen las aulas.
La Justicia ausente desemboca siempre en esto: el sometimiento de la mayoría a la dictadura caprichosa de una minoría de trasnochados.
* Analista político
LA POLICÍA NO INTERVIENE PORQUE TEME SER ACUSADA. LOS GOBERNANTES PREFIEREN NO ARRIESGAR SU CARRERA POLÍTICA. Y LA JUSTICIA MIRA HACIA OTRO LADO.