La lupa psiquiátrica de la seguridad
El impacto por la inesperada muerte del exgobernador José Manuel de la Sota dejó en segundo y tercer plano dos graves episodios policiales que ocurrieron en las horas inmediatas al choque vial que se cobró la vida del poderoso armador de Unión Por Córdoba.
El primero de estos casos ocurrió el viernes de la semana pasada, cuando un adolescente de sólo 13 años, que se movilizaba junto con la organización Barrios de Pie para conmemorar la Noche de los Lápices, fue apresado por un grupo de policías, acusado de golpear un patrullero.
El jovencito terminó internado en el Hospital de Niños de la Capital provincial, esposado a una cama. Una escena de una gravedad institucional que obligó a que, el sábado a la mañana, el titular de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), José Piñero, tuviera que intervenir para obligar a que lo desposaran.
Quienes siguieron de cerca lo sucedido aseguran que los médicos del nosocomio provincial aprovecharon los marcados magullones que tenía el adolescente para dejarlo internado, con un único propósito: temían que si volvía a las manos policiales, la golpiza fuera mayor.
Durante toda esa mañana, los voceros del Gobierno se esmeraron por resaltar que el joven había intentado dañar un móvil policial y que agredió a dos agentes policiales que resultaron con hematomas leves y rasguños. También aducían que el adolescente no tenía golpes, sino escoriaciones propias del forcejeo.
El domingo a la madrugada, en tanto, un policía que había estado ocho años desarmado por una prolongada carpeta psiquiátrica, mató con su pistola reglamentaria a su novia, también uniformada, y a la madre de ella, en El Diquecito, cerca de La Calera. Antes de quitarse la vida, el agente Carlos Monje (35) casi mata a un tío de la joven víctima, que también estaba en la casa.
Una masacre que estaba escrita desde antes. Hacía pocos meses que a Monje le habían devuelto su arma reglamentaria en Jefatura, tras un informe de alta de Medicina Laboral.
Así como se lee: la Policía interpretó que una persona que estuvo ocho años con carpeta psiquiátrica estaba en condiciones de volver a portar una pistola las 24 horas de todos los días y velar por la seguridad de los cordobeses.
La portación permanente del arma más allá del turno laboral es un debate que aún pocos se atreven a dar, ya que genera una intensa resistencia por parte de los propios policías.
La masacre recién saltó a la agenda dura de la información cotidiana a mediados de semana. Fue entonces que se supo de la prolongada carpeta psiquiátrica del autor. Y de inmediato se recordó un viejo reclamo por el control de la salud mental de los policías, quienes periódicamente terminan siendo noticia por graves casos de violencia (en lo que va del año, hubo cuatro femicidios a manos de uniformados, según investiga la Justicia cordobesa).
La legisladora opositora Liliana Montero, quien es psicóloga, hace años que aboga sin éxito para que un organismo externo a la institución azul se ocupe de tan sensible evaluación.
Esta semana, desde antes de que el caso ganara las noticias, en Jefatura eran varios los que se agarraban la cabeza. Ya sabían que no iban a poder escapar de una crítica severa.
Otra vez, los voceros provinciales se activaron y contragolpearon con la divulgación de la creación del Departamento de Auditoría General de Salud Mental, dentro de la propia Policía. Una suerte de doble control, junto con Medicina Laboral, para que las altas médicas y psiquiátricas se filtren un poco más.
Ayer, su flamante titular, la comisaria inspectora Marcela Santucho, tuvo que reconocer ante la prensa cómo se gestó, mucho antes de que ocurriera, la masacre de El Diquecito . “Auditar y controlar significa que toda la decisión que se tome va a tener una segunda opinión antes de que sea efectiva”, prometió, antes de contar que a Monje, al momento del alta, sólo se lo evaluó por la carpeta psiquiátrica y no por una denuncia por violencia familiar que había efectuado su expareja, ya que a esa junta interna nunca llegó la presentación judicial.
Dos vidas menos hoy ponen en jaque cualquier anuncio de este tipo.
LA MASACRE QUE DESATÓ UN POLICÍA EN EL DIQUECITO YA SE HABÍA COMENZADO A ESCRIBIR HACE MUCHO TIEMPO.