Investigan a policías y funcionarios por trata
Tras un juicio por un caso que se descubrió en 2010, en Salsipuedes, y que resultó en la condena de dos mujeres por explotar a jóvenes paraguayas, la Justicia ordenó investigar si existió encubrimiento por parte de funcionarios municipales y policías.
Todo ocurrió antes de que en mayo de 2012 la provincia de Córdoba decretara la prohibición total de prostíbulos y sus eufemismos. Pese a que existía una ley que ya desde la década de 1930 sancionaba la explotación sexual ajena en todo el país, fue necesario que se formulara otra normativa local para que se acabara una “tolerancia” que permitía que todo funcionara de hecho.
Pero que recién ahora se haya juzgado a dos mujeres por trata de personas en una “whiskería”, que hasta fines de 2010 funcionaba en Salsipuedes, no termina de quedar sólo en una anécdota de otro tiempo.
Porque si bien hace seis años que de manera oficial se cerraron todos los locales de este tipo, que funcionaban a la vista de cualquiera en la provincia de Córdoba, lo que se escuchó y analizó durante este juicio que se desarrolló en el Tribunal Oral Federal N° 2 otra vez dejó en evidencia las redes invisibles de las que se alimenta este negocio ilegal. Y sus complicidades oficiales.
Según la acusación, “en el marco de la captación de mujeres con fines de explotación sexual, antes del 30 de diciembre de 2010, y con el objeto de proveerse de las mismas para que ejercieran la prostitución en la whiskería ‘Porkis’, María Patricia Manavella (55) y Cristina del Valle Acosta (49) se habrían dedicado a realizar contactos con otros traficantes de personas, no identificados hasta el momento, con los cuales coordinaban la conexión con mujeres, generalmente oriundas de Paraguay, a las que captaban telefónicamente y luego sistemáticamente las hacían ingresar al país simulando su condición de turistas cuando, en realidad, lo hacían para trabajar en el local como prostitutas”.
“En algunas ocasiones, Acosta transportaba personalmente a las prostitutas, como ocurrió con M.E.A.C. a la que acompañó desde la Terminal de Ómnibus de Córdoba hasta ‘Porkis’ en el transporte Fonobus, coche 113, interno 2.535 (...) pasaje que fue pagado por Manavella, pero luego compensado con los ‘pases’ que realizaba en la whiskería”.
“Asimismo, Manavella habría tomado provecho de las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres explotadas sexualmente en su local, consistiendo en sus bajas condiciones sociales, económicas y educativas, sus desarraigos territoriales y culturales y el alejamiento de sus entornos familiares, y además, por la diferencia de cambio con la moneda del Paraguay resultaban más ‘baratas’ que conseguirlas en nuestro país”.
“Del mismo modo, funcionarios de la Municipalidad habrían emitido carnet sanitarios a los fines de simular una ‘condición reglamentaria’ en su condición de ‘copera’ o ‘alternadora’, todo ello a sabiendas de que las actividades para las cuales se emiten tales”, se describió en el expediente.
Para contactarlas, los explotadores les ofrecían trabajo como mozas o para tarea doméstica, bajo la promesa de una remuneración, casa y comida. E incluso, les adelantaban un dinero para que pudieran viajar.
Claro que al llegar estas jóvenes paraguayas, se encontraban con una realidad muy diferente en medio de un contexto en el que sólo se sentían más vulnerables. Estaban endeudadas, se les retenía la documentación, sólo veían una porción de lo que cobraban cada noche y hasta tenían la libertad ambulatoria suprimida.
Manavella y Acosta llegaron a juicio acusadas “promover y facilitar de manera habitual el ingreso y la permanencia ilegal de extranjeras en el país”, agravado por haber “empleando la violencia, intimidación o engaño o abusando de una necesidad o inexperiencia de la víctima”.
Y terminaron condenadas por los delitos de “trata de personas mayores de 18 años, administración o regenteo de casas de tolerancia y promoción y facilitación del tráfico y permanencia ilegal de extranjeros en territorio argentino”.
El juez unipersonal Carlos Lascano aplicó una pena de cuatro años de cárcel a Manavella, y de dos años de prisión condicional a Acosta.
“Estado prostibulario” Durante los alegatos, el fiscal Carlos Gonella no ahorró críticas al describir cómo funcionó ese prostíbulo, a la vista de toda la sociedad.
“El Estado formó parte de un sistema prostibular ya que se encuentra comprobado que los policías efectuaban controles en el local comercial y que el Poder Ejecutivo enviaba inspectores y jamás dispusieron su clausura o advirtieron alguna ilegalidad, y que el municipio continuó percibiendo la tasa con posterioridad a la denuncia efectuada, es decir, cobrando por una actividad ilegal”, subrayó.
En ese sentido, Gonella expresó que la incidencia del Estado avalando toda esta situación no hizo más que reforzar la situación de vulnerabilidad de las víctimas.
Ahora, al conocerse los fundamentos de la sentencia dictada hace 18 días, el juez Lascano ordenó investigar si existió encubrimiento u otro delito por parte de los funcionarios de la Municipalidad de Salsipuedes y de la Policía de Córdoba.
Ante esto, giró los antecedentes al Ministerio de Gobierno y Seguridad de la Provincia, a cargo de Carlos Massei.
También pidió que el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba investigue a una abogada quien había efectuado el contrato de sublocación de “Porkis” en favor de Manavella, con cláusulas que impedían modificar el objeto social y cambiarle el nombre al negocio.
Ante esto, el fiscal Gonella ya remitió todos los antecedentes de esta causa a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).