Quim Torra pide un acto de desobediencia civil catalana
BARCELONA. El jefe del Gobierno de Cataluña, Quim Torra, advirtió ayer de que será necesario “un acto de desobediencia civil” en la región española como el que tuvo lugar hace un año con el referéndum soberanista del 1 de octubre de 2017.
En la víspera del primer aniversario de la polémica consulta ilegal, que marcó un antes y un después en España, el president denunció la actuación policial de aquel día, en el que se produjeron altercados entre los agentes y los votantes en varios locales electorales.
“Tendremos que ser capaces de llevar a cabo un acto de desobediencia civil, nos necesitamos a todos para volver a hacerlo, para hacer la república catalana”, expresó en un acto celebrado en la sede del Gobierno catalán para homenajear a los afectados por el referéndum.
“Algún día, los que nos pegaron el 1-O (1 de octubre) serán juzgados por tribunales internacionales”, añadió Quim Torra, quien también recordó a los líderes y políticos independentistas que se encuentran en prisión provisional por el llamado “procés”.
Torra visitó ayer la escuela donde votó el 1 de octubre del pasado año y, en esta ocasión, introdujo de forma simbólica en una urna una papeleta donde había escrito: “O libertad o libertad porque el 1-O, votamos y ganamos”.
Situación compleja
El 1-O fue uno de los días más turbulentos en la historia reciente de España.
Pese a que el referéndum soberanista convocado por el Gobierno catalán había sido prohibido por el Tribunal Constitucional, miles de personas salieron a las calles con la intención de votar.
En algunos locales electorales, las fuerzas de seguridad trataron de impedirlo y se produjeron altercados e imágenes de violencia que recorrieron los medios de comunicación de todo el mundo.
La Justicia española abrió, posteriormente, una investigación sobre el referéndum y sobre el proceso independentista catalán.
Los entonces miembros del Gobierno, encabezado por Carles Puigdemont, así como diputados y líderes independentistas, fueron imputados.
Nueve permanecen en prisión preventiva y otros siete están fuera de España, entre ellos el propio Puigdemont.
Quim Torra ganó la presidencia de un gobierno con fuerte influencia de su predecesor.
En Madrid, el socialista Pedro Sánchez heredó la crisis catalana del destituido presidente Mariano Rajoy y encabeza un gobierno en minoría.
Su reunión en agosto fue vista como un paso inicial para reparar los daños. Desde entonces, ambas partes han emitido señales a favor de un acuerdo: el Gobierno central se comprometió, recientemente, a transferir más de mil millones de dólares en pagos atrasados a la región.
Pero los políticos no abandonan las poses de confrontación en público, y los observadores temen que dos factores detengan los pasos vacilantes hacia la reconciliación: el encarcelamiento de los líderes separatistas y el asunto no resuelto del futuro de la región, con o sin España. El 1 de octubre de 2017 marcó un antes y un después.
EN TRIBUNALES. La Justicia española abrió una investigación sobre el referéndum e imputó a la cúpula independentista, incluido el expresidente Carles Puigdemont. El juez Pablo Llarena envió a prisión provisional a varios líderes y políticos separatistas. Para evitar la cárcel, algunos huyeron a países como Bélgica o Suiza. El juicio tendrá lugar en los próximos meses.
PRESOS. Nueve figuras del independentismo catalán se encuentran en prisión de forma provisional desde hace casi un año. Su libertad se ha convertido en una de las principales reivindicaciones del movimiento separatista. TENSIÓN SOCIAL. En los últimos 12 meses, la tensión social ha aumentado en Cataluña, a raíz del proceso independentista y de las medidas adoptadas por Madrid para tratar de frenarlo. Desde octubre de 2017, los símbolos separatistas y españolistas han estado muy presentes en el espacio público catalán, en medio de una gran controversia. RUPTURA DE RELACIONES CON LA MONARQUÍA. En un mensaje televisivo, el 3 de octubre de 2017 el rey Felipe VI condenó la “deslealtad” de Cataluña y solicitó a los poderes del Estado “asegurar el orden constitucional”. El Ejecutivo catalán tomó estas palabras como una afrenta y, meses después, el recién investido presidente, Quim Torra, anunció la supuesta ruptura de las relaciones con la casa real.
CAMBIO DE GOBIERNO EN ESPAÑA. Justo ocho meses después del 1-O, cayó el gobierno de Mariano Rajoy por una moción de censura presentada por el socialista Pedro Sánchez y apoyada por los partidos soberanistas catalanes. El nuevo presidente del Gobierno español supuso un “deshielo” en las relaciones entre Cataluña y Madrid. Sánchez y Torra se reunieron en julio de este año e iban a volver a reunirse, pero aún no sucedió.