Denuncias que deben ser investigadas
Desde su inauguración, en mayo de 2010, la central termoeléctrica Pilar-Bicentenario es motivo de objeciones por situaciones vinculadas con el costo de su construcción y por operatorias vidriosas en el proceso de licitación y adjudicación de la obra.
Los requerimientos de investigación fueron ventilados por legisladores de la oposición. Pero naufragaron en ámbitos de la Justicia renuentes a investigar al poder político. El escándalo generado por la aparición de los cuadernos de la corrupción volvió a poner en primer plano a la central ubicada en la localidad de Pilar, unos 40 kilómetros al este de la ciudad de Córdoba.
Sucede que la empresa Electroingeniería, única oferente y adjudicataria de la obra, figura entre las firmas que admitieron (en un desfile pocas veces visto de imputados arrepentidos) haber entregado dinero como condición para acceder al reparto de obras de infraestructura durante la administración kirchnerista.
Las menciones a Electroingeniería que analiza el juez Claudio Bonadio no incluyen por ahora los emprendimientos que la corporación realizó en Córdoba, aunque otra denuncia renueva su polémico vínculo con la Provincia.
Sin embargo, vale resaltar algunos aspectos de la acusación presentada en sede judicial por un legislador de la oposición: ya no se trata sólo de explorar acuerdos de dudosa calidad institucional y presuntamente ruinosos para las arcas del Estado, sino también de cuestiones que atañen al mantenimiento y a la seguridad de la usina.
Con una carga probatoria sustentada en material fotográfico y fílmico, el legislador asegura que Electroingeniería no estaría honrando la parte contractual referida al mantenimiento del complejo. Y, lo que es más grave, señala que las falencias detectadas representan un “serio riesgo para la integridad de sus empleados y para la vida de los pobladores de la zona”.
Existe una suerte de gimnasia de los funcionarios gubernamentales para desautorizar o minimizar las observaciones que puedan incomodarlos.
Con todo, al tratarse de una advertencia de tal calibre en materia de seguridad para las personas, resulta destemplada la réplica del ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia, Fabián López, para quien las aseveraciones del legislador son “una mamarrachada más de esos denunciadores seriales”.
En tanto, se pone en aviso que la central de Pilar está en estado de cuasiabandono. ¿No sería prudente encarar las reparaciones necesarias y apercibir a la empresa en caso de incumplimiento, antes que desatender la denuncia?
Es cierto que son tiempos en que el fervor preelectoral confunde las acciones. Pero las especulaciones no encajan cuando se trata de la seguridad humana.