Una realidad que conmueve
La violencia urbana en sus distintas formas ha pasado a ser noticia casi cotidiana. Una suerte de naturalización de un flagelo que perturba la convivencia y al que los gobernantes y la propia sociedad no logran erradicar.
Más allá de las oscilaciones que muestran las estadísticas respecto de aumentos o mermas de la cantidad de episodios irreversibles, lo cierto es que la inseguridad que acecha en las calles, los conflictos intrafamiliares y los enfrentamientos entre pandillas en zonas críticas siguen sumando víctimas fatales.
Un fenómeno que alcanzó picos alarmantes y que durante septiembre pasado anotó 13 homicidios en la provincia de Córdoba. El registro representa la cifra mensual más alta en lo que va del año y marca, además, el mes con más asesinatos de la última década.
Pese al mayor número de hechos criminales ocurridos en el referido lapso, hasta ahora 2018 se perfila como el de menos crímenes desde 2010, si bien restan tres meses para redondear un balance integral.
Un interrogante aún sin resolver radica en dilucidar si estos episodios de furia pueden ser evitables. Es verdad que las confrontaciones a punta de pistola entre grupos antagónicos marginales detonan sin aviso y casi siempre lejos del control de las fuerzas de seguridad.
Habrá que concluir en que se trata de escenarios cruzados por la desintegración familiar, la pobreza extrema y la falta de acceso a la educación formal de miles de jóvenes.
Sin embargo, los registros dejan flancos expuestos a la controversia. Basta enumerar la masacre que el 16 de septiembre conmocionó al paraje El Diquecito, cercano a La Calera. Ese día, un policía asesinó a su novia y a la madre de la joven, para luego quitarse la vida.
El doble crimen desató una rápida polémica, toda vez que al agente le habían restituido su arma reglamentaria luego de haber estado desarmado durante ocho años por razones psiquiátricas.
¿Estaba este uniformado en su sano juicio para volver a portar el arma con la que ejecutó a su pareja y a su suegra? La respuesta pendiente la deben dar los gabinetes especializados de la Policía de Córdoba.
Se ha constatado también que muchos de los conflictos domésticos que culminan de manera brutal obedecen a desavenencias que fueron advertidas por las víctimas en la Justicia y que, pese a los riesgos constantes, no han tenido un seguimiento adecuado para evitar la tragedia.
La violencia urbana seguirá causando estragos en tanto no haya un compromiso colectivo de serenar la convivencia, y una acción decidida del Estado en el rol de la prevención.