El peronismo y el Poder Judicial
Casi todas las encuestas de opinión sobre temas de interés público afirman que, después de la inflación y la inseguridad, lo que más preocupa es el desempeño de los integrantes del Poder Judicial. Mejor dicho, del mal desempeño de magistrados, funcionarios y empleados.
Es que, con matices y en distintas épocas, los magistrados judiciales fueron y son destinatarios de quejas de todo género. Y se olvida que desde tiempos inmemorables hubo y hay jueces venales y jueces honrados: jueces que prevarican y jueces que ajustan sus decisiones a los textos legales, y jueces preparados científicamente y otros que “tocan de oído”, para decirlo en tono coloquial.
Mejorar la administración de justicia es tarea compleja. Siempre lo fue. Porque hasta ahora no se encontró un sistema más eficaz para garantizar su imparcialidad que proteger la estabilidad absoluta de los magistrados (artículo 110 de la Constitución). Estabilidad que sólo se pierde a través de un complejo procedimiento.
En tanto cumplan su tarea sujetándose a las disposiciones legales y analicen la prueba a través de la observancia de las reglas de la “sana crítica racional”, ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo pueden interferir.
Si lo hacen –y el Poder Judicial cede–, se quiebra la viga que sostiene todo el sistema republicano. Estas son consideraciones archisabidas. Sólo las traigo para demostrar que es preferible que un mal juez siga en funciones que darles a los otros poderes la facultad de cesantearlo mediante un decreto.
Un poco de historia
Quien no tuvo estos reparos ni reproches de su conciencia en este tema fue Juan Domingo Perón, cuando gobernó entre 1943 y 1955. “¿Estabilidad? ¿Qué es eso?“, tal vez se preguntó, y él mismo respondió: o los jueces se hacen peronistas o serán destituidos.
¿Tan sencillo? Destituir a un juez es tarea compleja en una república. Pero para una dictadura, era “pan comido”. Y el plan de domesticación se cumplió en dos etapas: en la primera, Perón ordenó a sus diputados que votaran el juicio político a los miembros que entonces integraban la Corte Suprema, y el Senado (integrado sólo por peronistas) los destituyó a comienzos de 1947, con excepción de uno, quien fue defendido por el Vaticano.
La segunda etapa fue en 1949, cuando al sancionarse las reformas constitucionales que permitieron la reelección indefinida de Perón, se aprobó una “disposición transitoria”. Estableció que, para poder continuar en sus cargos, todos los magistrados del país debían contar con “nuevo acuerdo”.
De inmediato, el Senado comenzó a analizar los pliegos y resolvió que podrían continuar quienes adhirieran públicamente al peronismo. Quienes se negaron perdieron su condición. Otra “disposición transitoria” propuesta –pero no aprobada– establecía que los magistrados, para interpretar adecuadamente la ley, debían inspirarse en “los discursos del general Perón”.
El doctor Arturo Sampay, representante de Perón y de los obispos católicos, quien fue el redactor del nuevo texto constitucional votado “a libro cerrado”, no quiso dejar las huellas de tamaño disparate y lo mandó “a bañar” al constituyente que lo propuso.
De esa manera se instaló una Justicia facciosa. Una Justicia que perdió su condición de “poder independiente” porque quedó sometida al Poder Ejecutivo. Hubo, pues, una Justicia para proteger a los peronistas y otra para perseguir a los opositores.
Este ciclo iniciado en 1943 se cerró en 1953. Para evitar que alguna que otra interpretación pudiera favorecer a la “antipatria” (porque los adversarios del peronismo eran “traidores” a la patria), se dictó la ley 14.184, que estableció: ”A los efectos de una correcta interpretación y efectiva ejecución de la presente ley, defínase como doctrina nacional a la doctrina peronista o justicialismo, que tiene por finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo”.
En 1954, se intervino el Poder Judicial de nuestra provincia. El presidente Perón le había declarado hostilidades a la Iglesia Católica y no ignoraba que los magistrados judiciales de esa época eran dóciles instrumentos del obispo.
Para “limpiarlo”, designó como interventor a un vocal de la Corte Suprema, Felipe Pérez, quien no anduvo “con vueltas” y dijo que los jueces debían ser “decididamente peronistas”. Y que, para mantener sus cargos, debían presentar el certificado donde constara la afiliación al Partido Peronista. Los que preservaron su decoro y se negaron fueron declarados cesantes.
Moraleja. No es novedad que no es óptimo el funcionamiento del actual Poder Judicial. Pero hasta el más fanático peronista debe reconocer que no es una oficina del Poder Ejecutivo. Desde que se desarticuló la banda de malhechores organizada y dirigida por la expresidenta Cristina Fernández (no son palabras mías sino de varios fallos judiciales), hubo y hay avances y mejoras en la administración de justicia.
Celebremos, pues, que a ningún magistrado se le haya exigido sumisión al presidente Mauricio Macri. No es suficiente. Pero es un paso importante.
MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ES TAREA COMPLEJA. SIEMPRE LO FUE.