Secuestran siete mil kilos de explosivos
Fueron secuestrados en un operativo de la Policía Federal en un polvorín ubicado en la apacible localidad de La Paisanita. El dato llegó a través de una firma cuya casa matriz está radicada en Estados Unidos. El dueño dice que sólo es un “problema admini
En un operativo de envergadura, la Policía Federal secuestró unas siete toneladas de explosivos en un establecimiento situado en la localidad de La Paisanita, cerca de Alta Gracia. La firma Explosivos Villarreal habría incumplido requisitos administrativos.
Un polvorín ubicado en la apacible localidad de La Paisanita, a unos pasos de la ciudad de Alta Gracia, fue escenario en las últimas horas de un operativo tan llamativo como inquietante.
Allí, los agentes de la delegación Córdoba de la Policía Federal Argentina, que ingresaron tras una urgente orden de la Justicia Federal, hallaron siete toneladas de explosivos.
Según apuntaron fuentes que siguen de cerca el caso, la investigación se realizó en tiempo récord, aunque recién está dando sus primeros pasos. El jueves temprano, dos gerentes de la firma Austin Powder Argentina, cuya casa matriz se encuentra en Cleveland, en los Estados Unidos, viajaron desde la sede de Buenos Aires hasta los Tribunales Federales de Córdoba.
Allí se entrevistaron con el juez federal N° 2 Alejandro Sánchez Freytes y con el fiscal federal N° 2 Gustavo Vidal Lascano, antes quienes estos ingenieros denunciaron que habían detectado en Córdoba un presunto acopio ilegal de explosivos.
En concreto, los gerentes reportaron que un comprador legal radicado en La Paisanita no habría detonado los explosivos que iba adquiriendo, tal como figuraba en los registros, sino que los tenía almacenados en precarias condiciones. En ese sentido, aseguraron que habían recibido una información anónima que los había alertado sobre esto.
En este punto, aparece un detalle para nada menor: aunque en la Justicia federal de Córdoba todas las fuentes consultadas aseguraron no estar al tanto, otros informantes con acceso a la causa advirtieron de que en realidad se trató de un alerta de los servicios de Inteligencia estadounidenses, que están monitoreando todo el movimiento de explosivos en la región ante la inminente visita a la Argentina del presidente Donald Trump, quien participará de la cumbre del Grupo de los 20, en Buenos Aires, a fines de noviembre de este año.
Un trascendido que difícilmente se confirme de manera oficial alguna vez.
Lo concreto es que ese mismo jueves el fiscal Vidal Lascano pidió los allanamientos. Y a la tarde, los agentes de la Policía Federal irrumpieron en el predio de la firma Explosivos Villarreal. Tras varias horas de tareas, se llegó a la cifra final de lo incautado: siete toneladas de explosivos (anfo y emulsión encartuchada).
En el lugar, había más de 40 mil metros de cordón detonante, cerca de tres mil unidades de detonante no eléctrico, poco menos de 10 mil detonadores comunes, además de mechas y otros elementos utilizados para generar explosiones controladas.
Se presume que, en total, el valor de lo secuestrado asciende a los 200 mil dólares, según apuntó una de las fuentes consultadas.
De acuerdo con un relevamiento preliminar, el predio no contaba con las condiciones elementales de seguridad para almacenar esta clase de explosivos. “Como seguridad, tenían a un sereno que también cuidaba animales”, graficó uno de los informantes.
En ese sentido, el fiscal Vidal Lascano subrayó que los primeros reportes indicaban que en ese lugar no se habrían cumplido los protocolos de seguridad, aunque recién ahora se está analizando lo secuestrado para evaluar si corresponde algún tipo de imputación.
En una primera especulación, desde ámbitos de la investigación se presume que allí podrían haber estado acopiando explosivos de manera ilegal, para ganarle a la inflación, o bien para revenderlos. No surge hasta ahora ninguna vinculación con atentados terroristas o algo semejante, según se preocuparon por aclarar los informantes consultados.
El juez Sánchez Freytes ordenó que los explosivos fueran trasladados a la sede que la fábrica Austin Powder Argentina S.A. tiene en la ciudad de Rafaela, en Santa Fe. Ayer, en camiones especiales, comenzó la operación.
Ignacio Sala, presidente comunal de La Paisanita, dijo que se contactó con el dueño de la empresa allanada, quien le manifestó que “el problema no es de seguridad, sino administrativo”. “Hay una cuestión de no cumplimiento con algunos requerimientos legales”, fue la contestación que recibió Sala, de acuerdo con lo que le indicó a la prensa.