El viejo ardid de la persecución
Muchos funcionarios públicos que están en la mira de los tribunales por hechos de corrupción echan mano al latiguillo de la persecución política o judicial en su contra para intentar limpiar culpas.
El mismo ardid que por estos días viene ventilando en su defensa Julio De Vido, quien se desempeñó como ministro de Planificación Federal durante las presidencias de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández.
De Vido acaba de ser condenado a cinco años y ocho meses de prisión por la tragedia de Once, aquel siniestro ferroviario ocurrido en Buenos Aires en febrero de 2012, que dejó como saldo 51 muertos y decenas de heridos.
En línea con aquella vieja artimaña y en el marco del derecho a la última palabra antes del veredicto en esa causa, el exministro dijo que sus problemas judiciales obedecen a una “decisión política del presidente (Mauricio) Macri”.
“Estoy acá debido a la perversa persecución política, mediática y judicial de la que soy objeto desde diciembre de 2015”, agregó. Nada nuevo, salvo que responsabilizó por su caída en desgracia al propio jefe del Estado.
Las creencias persecutorias que lanza De Vido no encajarían en una realidad que nadie desconoce: el Presidente tiene demasiados asuntos sin resolver de su administración como para involucrarse en maniobras judiciales y de intramuros carcelarios.
Con todo, el prontuario del otrora poderoso ministro es abundante y reúne capítulos con cargas probatorias sustanciales, que exceden a la aludida persecución.
Pruebas sobre una conducta presuntamente delictiva que (como en el caso de su reciente condena por la tragedia de Once) fueron ratificadas y ampliadas con las delaciones que surgieron al calor de los cuadernos de la corrupción.
De Vido permanece detenido con prisión preventiva desde el 25 de octubre de 2017, cuando acudió a la requisitoria judicial luego de que, un día antes, la Cámara de Diputados lo dejara sin el paraguas de los fueros.
La nómina de procesos que lo incomodan es extensa y tuvo como punto de partida la presunta defraudación de unos 280 millones de pesos en la mina de carbón de Río Turbio. Además, está acusado por los sobreprecios que se habrían pagado en la importación de gas licuado y por la compra de trenes a España y a Portugal que, según se constató, no era otra cosa que chatarra ferroviaria.
Una enumeración de episodios vidriosos que salpican a otros empinados exfuncionarios (entre ellos, la misma expresidenta) y que no se pueden solapar con la rebuscada estratagema de la persecución personal.