La bomba molotov que hace perder la memoria a los testigos
Generó más dudas que certezas la primera semana del juicio a policías de Río Tercero por dos muertes ocurridas en un incendio. El próximo lunes serán los alegatos. Si los hallan culpables, les corresponderá prisión perpetua.
Aquel 3 de noviembre de 2014, las sirenas de los bomberos despertaron a buena parte de la ciudad de Río Tercero, minutos después de las 5 de la madrugada. No era un día más, sino una fecha en la que, desde 1995, se conmemora otro atentado, el que sufrió toda la ciudadanía por las explosiones en la Fábrica Militar.
Pero, esta vez, la tragedia marcó a una familia en particular: murieron Mirta Selva (53) y su hijo Alejandro Villalón (20) en un incendio intencional provocado por una bomba casera que arrojaron contra la casa prefabricada.
Hoy, Cristian Ahumada (37) y José Vidaurre (34), policías en situación pasiva, están imputados por un delito que prevé prisión perpetua: homicidio doblemente calificado y tentativa de homicidio (contra quienes sobrevivieron, Nahuel y Lucía Villalón, de 21 y
12 años, respectivamente). Las calificantes son por el medio empleado (el fuego) y por el abuso funcional.
El juicio contra ambos se desarrolla con jurado popular y lleva una semana de audiencias. Ahora, ingresa en su tramo final. El próximo lunes 22 se conocerán los alegatos. Y es casi seguro que en esa semana se develará el veredicto del jurado.
Tras una larga nómina de testigos que declararon, el pasado viernes María Eugenia Villalón increpó directamente a los imputados y les pidió que confiesen “si quieren el perdón de Dios por lo que hicieron”.
Envuelta en lágrimas, la mujer se quejó de que varios “vinieron a este juicio y no dijeron la verdad”. Es que algunos testigos clave en la acusación rectificaron sus dichos respecto de lo que habían declarado en la fiscalía de instrucción. Un caso fue el de una testigo protegida, que en la investigación había reconocido la presencia del imputado Vidaurre como uno de los autores.
Con un clara expresión de dolor, María Eugenia relató que la familia “hace cuatro años está sufriendo” y exclamó que a nadie parecen importarle las muertes de su mamá y de su hermano, quien tenía una beba de ocho meses.
Persecución policial
Esta joven, como también varios integrantes de la familia Villalón o de su entorno más cercano, denunciaron una persecución policial y detenciones arbitrarias. Algunas autoridades policiales reconocieron que sabían de algunas anomalías en los procedimientos en la comisaría y que fueron investigados.
Un policía reconoció que de la familia Villalón sabían que eran “esos chicos que llevan la gorra cruzada”.
Un dato que no dejó de inquietar fue lo atestiguado por el abogado penalista Alberto Vieytez Monrroy, quien aseguró que también es perseguido por algunos efectivos policiales. Para el letrado, estos episodios coinciden con la defensa y el asesoramiento a la familia Villalón y a la de Lucas Funes, abatido por un uniformado tiempo atrás.
Describió haber padecido amenazas verbales por parte de los policías por defender a los “saros” (ladrones, según la jerga policial), una bomba molotov tirada en la puerta de su casa, pintadas sufridas en su vivienda y hasta la llamativa presencia de un policía abriendo su auto en plena madrugada.
“Creo que en el caso Villalón fue la Policía, no sé quién”, aventuró el letrado penalista, quien dijo que no denunciará las amenazas sufridas.
Antes, ruidos en los techos
La sobreviviente Estefanía Pérez coincidió en denunciar un presunto hostigamiento por parte de la Policía. Tras recordar la peor noche de su vida, precisó que antes del incendio hubo ruidos en los techos.
Los dichos sobre los ruidos molestos terminaron avanzando en un aspecto planteado en la acusación.
En la etapa instructiva se había expresado que era sugestivo que, en pocos segundos, casi todos los móviles de la ciudad se ubicaron en cercanías de la casa de los Villa- lón, que al corto tiempo quedó envuelta en llamas.
Varios uniformados arrimaron datos respecto de que fueron convocados porque un vecino llamó al 101, porque escuchaba ruidos en los techos. Por ello, todos habrían coincidido en esa zona.
A los policías también se los interrogó con relación a la versión de que los autores “eran los Juanes”, aludiendo a sus pares uniformados. Todos respondieron que “eran sólo comentarios”.
Pero nadie ofreció muchos fundamentos sobre por qué se había creado un grupo de WhatsApp entre uniformados después de esta tragedia.
Según surgió de fuentes judiciales, lo que más impresionó es el nombre que se le puso al grupo de la red social: “Está parada la bronca”.
Podrían pedir varias investigaciones Por supuesto falso testimonio, analizarán a tres personas.
Camaradas. La Fiscalía ya recibió el pedido de investigación de tres supuestos casos de falso testimonio de tres testigos del juicio contra los dos uniformados acusados. Dos son policías, quienes también deberán explicar detalles formales del procedimiento realizado en la casa de los Villalón aquella fatídica madrugada.
Joven. La chica que hace un par de años envió fotos de uno de los policías imputados y que el jueves se desdijo también deberá aclarar por qué cambió la versión.