Una tragedia energética que aún no terminó
Dieciocho centavos. Eso es lo que costaba el metro cúbico de gas para el grueso de los usuarios residenciales en diciembre de 2015, cuando asumió el presidente Mauricio Macri. Un kilovatio estaba en torno de los siete centavos. Siete, siempre antes de impuestos y sin los costos de transporte y de distribución. Hoy el primero cuesta entre cinco y siete pesos, y el kilovatio de electricidad, 1,41. Y así y todo, el Estado sigue pagando la mitad de lo que cuesta la energía eléctrica y un tercio de lo que cuesta el gas.
Nada ha sido suficiente para paliar la enorme tragedia energética en la que todavía está inmersa la Argentina.
El exministro Juan José Aranguren explicaba, en toda ocasión que podía, la gravedad de la crisis recibida, y hasta declaró la emergencia energética en 2016 y en 2017. Pero en el Gabinete siempre se ocuparon de bajarle la espuma. Duranbarbismo en estado puro.
Hay dos grandes responsables del déficit fiscal argentino: los subsidios al consumo de energía y la seguridad social. Con lo segundo, Cambiemos no ha hecho nada. Y con lo primero, gran parte de lo que hizo se borró de un plumazo con la enorme devaluación de este año.
Que el peso valga 54 por ciento menos no es gratis. Y mucho menos en esta tragedia energética que no se explicó acabadamente entonces ni se termina de explicar ahora.
¿Por qué una tragedia? Primero, porque se gastó hasta lo que no se tiene. En 2005, la Argentina empieza a declinar en su producción de gas; y en
2008, deja de exportar y empieza a importar, sin haber tocado la tarifa. Importar es pagar en dólares. Pero importar energía es comprar un boleto de dependencia extrema: no se puede suspender.
Se acostumbró al usuario a que la Argentina estaba a precio regalado, al punto que las recomendaciones de ahorro energético tuvieron que empezar por lo que es obvio en otras sociedades: “Cuando te vayas a trabajar, apagá la calefacción”. Argentina ilusa: dejábamos ocho horas la calefacción al mínimo, para que “esté calentito” al regresar.
Importar y subsidiar trajo consigo una cadena de corrupción de la que apenas ha salido una parte en los cuadernos de Centeno.
La Argentina dejó de alquilar estos días uno de los dos barcos que contrató para regasificar el gas y por el que se fueron más de
1.200 millones de dólares en una década. Es una mole amarrada en el puerto de Bahía Blanca (el otro está en Escobar y por ahora seguirá en funciones) que gasificaba el gas licuado extracomprimido que venía en barco desde Trinidad y Tobago, Qatar o Estados Unidos. Eso es una parte: hay que mirar también los subsidios directos a las productoras.
Pero lo más grave de esta tragedia es que todavía no se comprende. Se festeja al estilo del senador Ángel Rozas, que cree que es una victoria del radicalismo que sea el Estado el que asuma las cuotas del gas por el aumento del dólar.
Argentina importa el 30 por ciento del gas que necesita en
GRAN PARTE DE LA QUITA DE SUBSIDIOS QUE HIZO EL GOBIERNO CON EL GAS SE BORRÓ DE UN PLUMAZO CON LA ENORME DEVALUACIÓN.
el invierno, y en verano podrá exportar el excedente a Chile, aunque por ahora le sigue comprando a Bolivia, país con el que tiene contrato firmado.
La luz requiere del gas como insumo principal de sus centrales térmicas, responsables del 60 por ciento de la energía que se consume en el país. En 2019, hay presupuestados 287 mil millones de pesos para subsidiar el consumo de energía, la misma cifra que se manoteó al sector exportador con el agravamiento de las retenciones.
La devaluación hizo volver a 2016 la relación usuario/Estado. Dos años de aumentos como si nada. Ahora, lo que queda es esperar que los siete mil millones de dólares que el año que viene incentivarán Vaca Muerta logren abaratar el costo de producción del gas local, al punto que en dos años, como asegura el secretario Javier Iguacel, Argentina dejará de importar.
Esa soberanía energética será toda una victoria, aunque bien a lo Pirro, con demasiados costos para las partes.