Investigación por supuestas amenazas
A través de dos videos y tres audios que se viralizaron, serían extorsionados. Los delincuentes hacen referencia al “Tuerto Cacho” y a una supuesta “financiera”.
Una serie de audios y videos de contenido amenazante hacia dirigentes del gremio de Luz y Fuerza de Córdoba, que se encuentran en poder de la Justicia, generaron una investigación que lleva adelante la fiscal Liliana Copello, del Distrito 4 Turno 4.
Dos videos y tres audios que se viralizaron la semana pasada con amenazas contra gremialistas de Luz y Fuerza hoy ya tienen una investigación en marcha.
Jóvenes con los rostros tapados y exhibiendo armas de fuego se filmaron amenazando a altos directivos del gremio. De manera poco clara, los vinculan con lo que sería el trágico asalto de Nueva Córdoba, ocurrido en febrero último, y hasta con la detención del presunto narco Raúl Cuello (47), conocido como “el Tuerto Cacho”, que cayó preso hace 14 días en una causa por narcomenudeo.
Ante esto, el jueves pasado los dirigentes aludidos, Jorge Molina Herrera (secretario adjunto del gremio) y Fernando Navarro (secretario de Finanzas y Administración), a través del abogado Claudio Orosz, radicaron una denuncia que investiga la fiscal de Distrito 4 Turno 4, Liliana Copello.
Molina Herrera y Navarro estarán hoy en la sede judicial para ampliar sus testimonios.
En los videos, los jóvenes encapuchados extorsionan con dar a conocer algo que supuestamente tienen en una mochila. “Les vamos a demostrar que con ‘el Tuerto’ no se jode, les vamos a chupar la familia”, amenazan.
Además, se viralizaron otros dos audios (sin imágenes) en los que dan referencias más puntuales sobre el modo de vida de los dos dirigentes aludidos.
Los delincuentes exigen tres millones de pesos para no divulgar una información que los dirigentes gremiales dijeron desconocer en absoluto.
Orosz señaló: “Desconocemos la razón de la exigencia económica porque seguramente esta gente se basa en leyendas urbanas”. El letrado subrayó que el jueves realizaron la denuncia apenas les llegaron los primeros videos y que los gremialistas “no tienen nada que ver con el supuesto narcotraficante ‘el Tuerto Cacho’”.
“Y no tenemos nada que ocultar con cheques”, agregó.
En ese sentido, dijo que los balances del gremio están disponibles.
Causas penales
De esta manera, el letrado descartó cualquier vinculación de los gremialistas con el resonante asalto de febrero cuyo real botín aún genera dudas entre los investigadores.
Desde un primer momento, de manera extraoficial se fue armando una versión que apuntaba a que en ese robo la banda había ido a buscar cheques de tres importantes gremios, que justo en esa época estaban en conflicto con los poderes estatales. Armados. Las imágenes extorsivas comenzaron a dar vueltas el jueves último.
No deja de llamar la atención de los investigadores policiales que estos audios y videos trascendieron el mismo día en que se conoció que el fiscal provincial Rubén Caro había ordenado elevar a juicio la causa por el asalto que terminó en el asesinato de un joven policía, Franco Ferraro (29). Además, otros dos ladrones, Ricardo Serravalle (53) y Rolando Ricardo “el Ciego” Hidalgo (62) fueron abatidos.
Por la muerte del cabo, se agravó la situación penal de tres de los detenidos, Ariel Eduardo Gramajo
(43), Ariel Francisco Murúa Rodríguez (43) y Diego Alberto Tremarchi (32), quienes deben responder por homicidio criminis causae . En caso de ser declarados culpables en un eventual juicio, esta figura penal sólo prevé la prisión perpetua.
En el fuero federal, en tanto, la fiscal Graciela López de Filoñuk investiga si la víctima del asalto, Guido Romagnoli (30) estaba involucrado en algún delito financiero, algo que por el momento no se ha comprobado.
Si bien la víctima de aquel robo denunció que los ladrones se llevaron unos 300 mil pesos en efectivo y
2.300.000 pesos en cheques, un testigo aseguró que uno de los detenidos le confesó en la cárcel que, en realidad, esa noche la banda se alzó con 400 millones de pesos en cheques que estaban escondidos en una heladera.
El mismo testigo agregó que los asaltantes también habían ido a buscar 26 millones de pesos en efectivo, que habrían estado ocultos en un cielo raso, pero que no tuvieron tiempo de encontrarlos.
Pero esto no fue todo. El testigo aseguró que los cheques robados pertenecían a dos importantes gremios cordobeses, a una empresa contratista de la Municipalidad de Córdoba y a un exfuncionario provincial que hace poco se fue de la función pública, al que identificó sólo por el apellido.
Toda esta declaración fue incorporada en la investigación que lleva adelante la Justicia federal.
Por su parte, el abogado del “Tuerto Cacho”, Miguel Juárez Villanueva, remarcó ayer que su defendido al enterarse en la cárcel de la viralización de estas amenazas hacia los gremialistas negó cualquier vinculación.
Este personaje fue investigado tras el tiroteo en Nueva Córdoba y no se hallaron elementos para comprometerlo en la causa.
PESE A QUE LAS IMÁGENES SE VIRALIZARON HACE CASI UNA SEMANA, LA POLICÍA AÚN NO IDENTIFICÓ A NADIE.