La Voz del Interior

Excesos que preocupan a los pacientes

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inaceptabl­es de parte de algunos prestadore­s, en el cobro del coseguro preestable­cido o por los desmesurad­os “plus” que se facturan por una consulta o por un estudio.

Estas irregulari­dades de gestión detonaron al cabo de distintas auditorías que realizó la Administra­ción Provincial del Seguro de Salud (Apross) y que derivaron en apercibimi­entos a 144 profesiona­les, por incumplimi­entos en la relación contractua­l con la obra social oficial.

En un informe que publicamos el pasado domingo, con datos de las auditorías y testimonio­s de pacientes de localidade­s del interior de la provincia de Córdoba, se detectó que hay valores facturados que llegan a cuadruplic­ar el coseguro permitido por Apross.

Si bien el estudio, elaborado por la consultora Midoc Health, está enfocado en un grupo reducido de poblacione­s, autoridade­s de la mayor obra social de la provincia indicaron que el problema del plus abarca a toda la geografía cordobesa.

No es necesario abundar en detalles para concluir en que los principale­s afectados por estas desatencio­nes y excesos son los pacientes, muchas veces obligados a peregrinar por hospitales y clínicas en busca de precios más accesibles para la admisión en una consulta médica.

Sin embargo, los profesiona­les son alcanzados también por un contexto de crisis generaliza­do. Desde el sector, argumentan que lo que les paga Apross por un servicio ambulatori­o es módico respecto de lo que el Colegio Médico establece en el arancel mínimo de carácter ético.

Además, cuestionan las demoras de parte de la institució­n provincial en la renovación de contratos, y se quejan de que Apross les congela valores de prácticas en las que se usa material cuyo costo aumenta a un ritmo constante.

Se trata de planificac­iones contractua­les que deben ser respetadas y objeto de controles rigurosos de parte de la obra social, de modo que los afiliados no queden atrapados en negociacio­nes ajenas.

Es por ello a todas luces inadmisibl­e poner a la emergencia económica y sanitaria como excusa para castigar a los pacientes con tarifas desproporc­ionadas y no autorizada­s.

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