Bienes Personales: guiño al campo para evitar un conf licto
El Gobierno ganó ayer la primera batalla parlamentaria en su afán de lograr la aprobación del Presupuesto 2019: en la Cámara de Diputados se firmaron dictámenes de comisión de tres proyectos complementarios a la ley de leyes, que servirán para aumentar la recaudación y así compensar el ajuste generalizado.
Uno de estos proyectos es la adenda del pacto fiscal del año pasado, firmada por 19 de los 24 gobernadores (ayer se sumó el chubutense Mariano Arcioni); otro es la suba del porcentaje de inflación a partir del cual las empresas pueden ajustar sus balances contables y así pagar menos Ganancias, y el otro es el aumento de los mínimos no imponibles y de las alícuotas de Bienes Personales.
Este último proyecto fue aprobado con un cambio destinado a calmar el descontento del campo por la eliminación de la exención de la que gozan los inmuebles rurales, lo que agrega presión fiscal a un sector que paga retenciones a exportaciones, entre otros impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Para no abrir un nuevo frente de conflicto con el campo, Cambiemos acordó con la oposición dialoguista que los inmuebles rurales sí deberán pagar Bienes Personales, pero tendrán un trato diferencial con respecto al resto de los contribuyentes, al establecer que se aplicará una única alícuota, de 0,25%, sobre todas estas propiedades.
De esta manera, los grandes latifundios no pagarán más que los propietarios de campos más chicos, a diferencia del resto de los contribuyentes de Bienes Personales a quienes se aplican alícuotas superiores a 0,25 si sus bienes tienen un mayor valor.
En el proyecto original figuraba únicamente que los inmuebles rurales dejarían de estar exentos de pagar Bienes Personales.
Por una sugerencia del diputado macrista y productor agropecuario Pablo Torello se modificó el proyecto para sacar a los inmuebles rurales de las escalas que se aplican para el resto de los contribuyentes, y fijar una única alícuota del 0,25%, a partir de 2 millones de pesos de valuación fiscal.
En el oficialismo argumentaron que los inmuebles rurales habían quedado exentos de pagar Bienes Personales porque estaban gravados con otro impuesto, Ganancia Mínima Presunta, que quedará derogado a partir del 1° de enero de 2019 como consecuencia de la reforma tributaria del año pasado.
Ganancias
“Nos quedamos cortos”. Con esa frase un diputado radical justificó ayer en diálogo con La Voz el aumento del porcentaje de inflación a partir del cual las empresas pueden ajustar sus balances y pagar menos Ganancias.
La ley vigente, sancionada a fines del año pasado, dice que pueden hacerlo cuando la inflación supere el 33% anual. Pero a septiembre de este año la inflación ya supera el 32%.
Para impedir que el Estado pierda Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) criticó ayer al presidente de la Comisión de Presupuesto, el macrista Luciano Laspina. En un comunicado, la entidad ruralista se quejó de no haber podido participar de una reunión a la que calificó de “secreta”. “Están impidiendo a los contribuyentes a interiorizarse del nuevo impuestazo que se pretende imponer al campo”, se señaló. “El constante cambio de reglas de juego va en detrimento de la inversión y del desarrollo”, se aseveró. 100 mil millones de pesos por recaudación, Cambiemos había presentado en agosto, con las firmas de los diputados Nicolás Massot (PRO), Luciano Laspina (PRO) y Luis Pastori (UCR), un proyecto para modificar la ley vigente y subir ese límite del 33% al 40%. Ayer, quedó en el 55%.
Si esta modificación se convierte en ley, como todo parece indicarlo, las empresas no van poder realizar ajustes por inflación de sus estados contables y por lo tanto pagarán el impuesto a las Ganancias por el monto que corresponda, y no menos.
Fondo para el transporte
Como anticipó ayer La Voz ,el Gobierno nacional conformó un fondo que funcionará como una especie de garantía para hacer frente al corte de los subsidios al transporte que hará efectivo la Nación desde el 1° de enero.
Anoche, el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, confirmó a este medio que ese resguardo financiero será de 5 mil millones de pesos para 2019, y que será administrado por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
Mestre participó junto con Dietrich de una reunión que se realizó en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. De ese encuentro también participaron el intendente de Santa Fe, José Corral, y los diputados Mario Negri, Massot y Diego Mestre.
Allí se confirmó que, de ser necesario un auxilio financiero, será Transporte quien destine los fondos. A contramano de lo que aseguran los funcionarios de la Provincia, los radicales sostienen que la gestión Schiaretti “quedó compensada” con la adenda al Consenso Fiscal por lo que “debe hacerse cargo de los subsidios”.