Imputarían a policías por las motos quemadas
El incendio que se propagó el lunes último en el patio de una comisaría y que terminó afectando a 77 motos se encamina a una primera resolución judicial: el fiscal a cargo del caso analiza imputar en las próximas horas a un grupo de policías.
Pero esto no es todo. Desde la propia Jefatura azul ya se bajaron expresas directivas internas para que en ninguna sede policial los agentes hagan asados o generen llamas libres durante el horario de trabajo.
Al mismo tiempo, un grupo de 12 damnificados ya se presentaron en la Justicia provincial para iniciar una acción penal contra la Policía, mientras en el plano civil deben iniciar una demanda para intentar que la Provincia los indemnice.
Otro dato importante: ninguna de las motos afectadas por el fuego, cuyos dueños ya han recurrido a la Justicia, había sido secuestrada en el marco de algún ilícito; todas fueron incautadas en controles, o por falta administrativa.
Pese a que los Bomberos lograron sofocar las llamas en el patio de la Comisaría 27ª de barrio Marechal, de la ciudad de Córdoba, el lunes cerca de las 13, el tema aún continúa muy caliente tanto en la Justicia como en la Policía.
El fiscal de Distrito 1, Turno 4 a cargo del caso, Rubén Caro, ordenó que los peritos de Bomberos le ampliaran el informe sobre cómo se inició el fuego, y las conclusiones que llegaron a su despacho de Tribunales 2 a finales de la semana que pasó fueron las mismas que La Voz adelantó el miércoles último: un asado desencadenó el incendio.
Los policías que ese lunes feriado estaban de turno a la mañana decidieron poner la parrilla en un sector del patio en el que estaban las motos secuestradas. Se trata de una losa que da a una ventana del calabozo.
Allí, a cielo abierto, un efectivo prendió fuego un papel que envolvía el carbón dispuesto sobre un chapón e ingresó durante unos minutos en la comisaría, lapso suficiente para que todo se saliera de control, según se desprende de Estaba al cuidado de la Policía en Alta Gracia.
En medio de un operativo por un robo domiciliario, la Policía halló, en horas de la madrugada en la ciudad de Córdoba, el Peugeot 2008 que había sido sustraído de un corralón judicial de la ciudad de Alta Gracia, hecho por el cual un policía permanece imputado. Según informó Carlos Nayi, abogado de José Daniel Buonfiglio, dueño del vehículo, el Peugeot tenía matrículas apócrifas y era utilizado por dos delincuentes que intentaban concretar un robo domiciliario en la zona norte de Córdoba. La llamativa sustracción del corralón fue revelada ayer por La Voz. un informe en el que se conjugan peritajes y testigos.
Al regresar el uniformado al patio, el viento ya había propagado las llamas hacia otros objetos altamente inflamables que estaban muy cerca, lo que posibilitó que el fuego llegara rápidamente a las motos.
A esa hora, el calor y el viento también influyeron para que el incendio se extendiera de manera veloz.
Esta es la hipótesis principal que manejan el fiscal y su grupo de investigadores sobre cómo se desencadenó el siniestro que terminó por afectar a 63 motos de manera completa y a otras 14 de manera parcial.
También durante los últimos días se investigaron otras líneas sobre el presunto inicio del fuego, en cuanto a un atentado producido por alguien externo a la fuerza o a un incendio intencional para tapar otros delitos, teorías que por ahora no tienen mucho sustento dentro de la causa judicial.
Sanciones internas
Según aseguraron fuentes que siguen bien de cerca la investigación, en las próximas horas podrían surgir imputaciones contra policías que van desde daño y omisión de los deberes hasta incendio doloso o culposo, entre otras figuras penales que están en análisis.
Desde el mismo lunes a la noche hay tres policías en situación pasiva, según lo ordenó el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario: el cabo primero Miguel Bellesi (jefe de guardia), la cabo primera Johana Marchisio y el cabo Miguel Álvarez, según confirmaron fuentes oficiales. No se descartan más sanciones.
La situación pasiva implica que los policías no pueden trabajar ni vestir uniforme, ni tampoco portar armas, y se les retiene el 70 por ciento del sueldo hasta que se clarifique su situación administrativa y penal.
LA AMPLIACIÓN DE UN INFORME DE BOMBEROS CONCLUYÓ QUE EL FUEGO SE INICIÓ A RAÍZ DE UN ASADO QUE SE IBA A PREPARAR EN EL PATIO.