Las dudas indelebles que deja Grababus
La Provincia decidió el viernes echar a Grababus, suspender por seis meses (al menos) la vigencia de la ley que obliga al grabado de piezas de los automotores, y denunciar penalmente a la empresa por evasión tributaria y eventual fraude por medio de una tercerización no autorizada.
No llegó a cumplir tres años en vigencia el grabado de autopartes obligatorio en Córdoba. Creado por ley en 2012, con el objetivo de reducir el robo de autos y dificultar la venta ilegal por partes, el sistema recién se puso en marcha en diciembre de 2015, luego de un estreno fugaz que duró apenas cuatro horas en abril de ese año.
¿Fue eficaz? No hay un solo dato oficial que pueda mostrar en el balance de estos casi tres años la utilidad del grabado para el propósito que fue creado. El último dato conocido de la Dirección Nacional de Registros de Propiedad Automotor (DNRPA) da cuenta de que en el primer año de su puesta en vigencia aumentaron las denuncias de robo. Entre febrero de 2016 y febrero de 2017, fueron robados 3.354 vehículos en Córdoba. En igual período, pero entre 2015 y 2016, las unidades robadas habían sido 2.844. El Observatorio del Delito provincial no detalla los robos de autos entre sus reportes. No hay datos oficiales más actuales. Tampoco hay reportes que respalden su utilidad para atacar el comercio de autopartes robadas.
¿Cómo pudo? De acuerdo con la denuncia de la Provincia, Grababus nunca pagó ni el Impuesto de Sellos ni Ingresos Brutos (con lo cual generó una deuda de, al menos, 40 millones de pesos) y operó con la Cámara de Grabado de Autopartes como tercerizada, para vender formularios a concesionarios de autos cero kilómetros para no rendir el canon del ocho por ciento al Estado, lo que provocó un fraude de otros 39,7 millones de pesos sólo por las inscripciones de este año. La pregunta que vuelve al Gobierno como un búmeran es: ¿cómo pudo evadir impuestos sin la vista gorda o complicidades a esta escala?
Un negocio millonario. Según datos de la DNRPA, el parque activo de automóviles en Córdoba era, a septiembre de este año, de 1.586.302 vehículos. La ley hace obligatorio el grabado en todo auto, moto, ciclomotor o camión registrado. El año pasado, se hicieron 195.599 transferencias y 88.433 inscripciones iniciales (autos cero kilómetros). Al valor del año pasado (580 pesos por trámite): 164,7 millones de pesos, sólo teniendo en cuenta el capítulo de autos. Por las motos, 9,5 millones más. En lo que va de este año, Grababus tuvo intervención en 150.863 transferencias y 69.327 inscripciones iniciales de autos, por lo cual facturó 156,3 millones de pesos (a 710 pesos por trámite). Las motos le dejaron poco más de 10 millones de pesos adicionales.
La maniobra. El decreto publicado por la Provincia en el Boletín Oficial cita a cuatro concesionarias –Maipú, Ramón Suárez, Centro Motor y Tagle– como damnificadas por la tercerización trucha de Grababus en la Cámara de Grabadores de Autopartes, que vendía vouchers con formularios a granel para los autos cero kilómetros. Para la Provincia, esta maniobra se hacía para eludir el pago del canon del ocho por ciento que establecía el contrato. El corte intempestivo del contrato dejó a estas cuatro y a otras concesionarias con vouchers en la mano. Una de ellas contabilizó un millón de pesos adelantado a Grababus para los trámites de fines de octubre y de noviembre.
UN NEGOCIO MILLONARIO, CON UNA FINALIDAD SOBRE LA QUE NO PUDO PROBARSE NINGUNA EFICACIA.