Procedimientos y democracias
La semana pasada se viralizó un video filmado en un colectivo urbano de la ciudad de Córdoba que muestra un control efectuado por la Gendarmería nacional, cuyo personal solicitaba el documento de identidad y la exhibición de los elementos personales de los pasajeros.
El Gobierno provincial aclaró que el operativo se realizó en el marco de la colaboración NaciónProvincia y citó las leyes 18.711 y 19.349 como base legal de los procedimientos.
Las opiniones en las redes sociales y los medios de comunicación estallaron, unos afirmando que esto estaba bien, otros diciendo que estaba mal. Pero pocos se preguntaron: ¿es legal?
Como el fin no justifica los medios y las leyes son medios válidos para arribar a un fin, la justificación estatal sobre estos procedimientos necesita ser pasada por el tamiz de la legislación para entender si son legales o no.
En primer lugar, la respuesta del Poder Ejecutivo es a mi juicio insuficiente.
Gendarmería nacional puede actuar en Córdoba en procedimientos que naturalmente serían competencia de otras fuerzas de seguridad. El problema es que las leyes citadas justifican el lugar donde estaba actuando la fuerza nacional, pero de modo alguno contesta a la pregunta de qué estaban haciendo.
El procedimiento cuestionado toca dos aspectos legales de máxima importancia. Por un lado, el derecho a la libertad ambulatoria –ya que aunque dure poco tiempo, el hecho de que el pasaje no pueda abandonar el colectivo mientras se desarrolla el operativo implica una restricción momentánea a la libertad– y, por otro, la afectación a la intimidad – en tanto se registraron mochilas, carteras y otros elementos personales–.
La Constitución Nacional y los pactos internacionales de derechos humanos consagran la libertad ambulatoria (artículo 14). Las excepciones a esta regla serán en virtud de orden escrita de autoridad competente; esto se complementa con los artículos 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ambos autorizan la restricción a la libertad sólo para situaciones previstas por las leyes de la república de que se trate, la expresa protección contra detenciones arbitrarias y la necesidad de ser informado sin demora sobre las causas que la motivan.
Por otra parte, el artículo 18 de la Carta Magna dispone la inviolabilidad de la intimidad de las personas y delega en la ley las excepciones; esto en correspondencia con los artículos 11.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Asimismo, los códigos procesales, tanto en el orden federal como provincial, disponen excepcionalmente la posibilidad de detener y de inspeccionar los ámbitos de intimidad de las personas con orden judicial, siempre ante la existencia de motivos suficientes.
Agrego a ello que en el orden federal se regula la posibilidad de actuación sin orden judicial, reforma esta más o menos reciente ante la gran cantidad de requisas no autorizadas que se efectuaban y los problemas de interpretación que la falta de norma específica generaba (artículos 280 y 230 bis del Código Procesal Penal Nacional; 269 y 208 del Código Procesal Provincial, Córdoba).
Un escalón más abajo, el artículo 88 del Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba dispone una sanción para quien omitiere dar información sobre su identidad ante el requerimiento de las fuerzas de seguridad, cuando haya habido motivos razonables para solicitarla.
Este marco legal es unívoco entonces en afirmar para todos los casos la existencia de sospecha fundada, concreta y previa a la detención e inspección. No alcanza invocar en forma genérica la necesidad de contribuir a la seguridad. Esto no constituye la motivación suficiente que la ley exige.
El Estado está obligado a encargarse de la seguridad ciudadana; sobre ello no hay duda alguna. Ahora bien, es el derecho el que indica los modos, el cómo deberá llevarse a cabo.
La experiencia argentina nos recuerda de modo doloroso que cuando no se exigen los límites claros y precisos que la ley establece, generamos un ámbito propicio para abusos y arbitrariedades de toda clase, y se resiente así el Estado de derecho.
El estricto cumplimiento de la Constitución Nacional y las leyes dictadas en su consecuencia debería generar una mejora institucional que beneficiaría a todos. Con esta idea, invito a reflexionar con mayor profundidad qué clase de democracia realmente queremos los argentinos.
LA JUSTIFICACIÓN ESTATAL SOBRE ESTOS PROCEDIMIENTOS NECESITA SER PASADA POR EL TAMIZ DE LA LEGISLACIÓN PARA ENTENDER SI SON LEGALES O NO.
* Defensora pública oficial