La crisis en la microeconomía
La Argentina atraviesa uno de los períodos recesivos más duros de los últimos años. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el producto interno bruto (PIB) caerá 2,6 por ciento este año y 1,6 por ciento en 2019, aunque el Gobierno argentino tiene una proyección más optimista.
Las cifras de la macroeconomía impactan por su crudeza. No es menor la sensación a nivel de empresas y trabajadores, quienes ya soportan los números negativos de la microeconomía.
Los procedimientos preventivos de crisis (PPC), que a fines de septiembre último incluían a 38 empresas en la provincia de Córdoba, se ampliaron a 52 un mes después. La perspectiva es negativa para los próximos meses. En promedio, se inicia un procedimiento cada 48 horas.
Esa realidad es patente en el hecho de que la economía de Córdoba retrocedió 15,2 por ciento en el segundo trimestre de este año, de acuerdo con el relevamiento de la consultora Economía & Regiones. La peor sequía en el campo en el último medio siglo impactó con fuerza en la producción y en la agroindustria.
La declaración de un procedimiento de crisis es solicitada, por lo general, por pequeñas y medianas empresas con sus registros contables e impositivos en regla, por lo que se presume que existen más establecimientos en crisis, con impacto negativo en el empleo.
La declaración permite reducir las jornadas laborales, suspender en forma rotativa al personal, fraccionar el pago de salarios, adelantar vacaciones, lanzar retiros voluntarios o hacer bancos de horas para permitir la subsistencia de una empresa.
La situación desesperante que atraviesan miles de familias, tanto en Córdoba como en el resto del país, debería impulsar a las autoridades a extremar los programas de auxilio a las empresas y a los trabajadores golpeados por la emergencia.
Las entidades vinculadas con la maquinaria agrícola y con la construcción de viviendas sugirieron distintos programas de ayuda al mantenimiento de la actividad y, por ende, de los puestos de trabajo.
En líneas generales, esos programas demandan una fuerte reducción de la presión impositiva en todos los niveles del Estado.
Esta es la acción que aún resta por parte de la clase política: encarar un ajuste que permita bajar la carga tributaria.
Ese camino –para evitar una mayor crisis en la macroeconomía– es exactamente en sentido contrario de lo pautado en el Presupuesto 2019, que prevé aumentos en impuestos de distinto orden.
Las alertas sociales de la crisis deben ser atendidas por funcionarios y legisladores para evitar, en lo inmediato, una situación de caos en el país.