Imputan a jefes penitenciarios de Villa María por fatal pelea de internos
Dos responsables del penal de Villa María fueron acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se habrían demorado cinco horas para informar un ataque de varios presos a otro, quien luego falleció. Por esa muerte, hay 11 reclusos sos
Una violenta pelea dentro de la cárcel de la ciudad de Villa María, que tuvo como consecuencia el fallecimiento del interno Carlos Otín (33), acumula en su expediente judicial una lista de 13 imputados, de los cuales 11 son presos acusados por el delito de homicidio en riña.
Los dos restantes imputados son el director de la penitenciaría de esa ciudad, José Ernesto Herlan, y su jefe del área judicial, Juan Gabriel Oliva. Ambos están acusados por el supuesto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La fiscal de instrucción Juliana Companys estaba de turno el lunes 13 de agosto, y la comunicación de que habían masacrado a un preso (en ese momento, aún el interno agonizaba) le llegó cinco horas después de que ocurrió.
Más tarde, en la madrugada del martes 14, Otín falleció en el hospital Pasteur. Su hermano, Juan Javier (39), resultó herido en la misma pelea.
La principal hipótesis que manejan en la Justicia sobre el motivo de la violenta pelea es una disputa de poder dentro de la misma cárcel. Los hermanos Otín habían sido trasladados ese día desde el pabellón 10, donde están los procesados, hasta el pabellón 6, donde se alojan los condenados.
Apenas entraron, fueron atacados salvajemente.
La investigación llevó a imputar a 11 internos como los responsables de haber provocado múltiples golpes mortales contra el menor de los Otín.
Una vez que los heridos fueron retirados por personal penitenciario, la escena del hecho fue alterada por los propios internos, quienes limpiaron restos de sangre y retiraron elementos que podrían servir de prueba, según confirmaron fuentes oficiales. El pabellón, incluso, quedó abierto y todos pudieron circular libremente.
Por no haber preservado el lugar donde ocurrió la golpiza y demorarse excesivamente en comunicársela a la Justicia, ambos funcionarios del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), que estaban presentes en el presidio al momento de la refriega, quedaron imputados. No se encuentran detenidos.
Penados
La imputación hacia los funcionarios penitenciarios prevé como pena, en caso de que se confirme a a nivel judicial, una multa económica y una suspensión en sus funciones que va desde un mes hasta un año, como máximo.
El caso también es analizado por al Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, donde confirmaron que Herlan y Oliva siguen en sus funciones mientras se tramita la causa judicial.
El director se presentó a indagatoria, pero se abstuvo de declarar. Es defendido por un asesor letrado del SPC. Oliva todavía no fue llamado a declarar.
Juan Otín participó de varias ruedas de reconocimiento, pero hasta ahora pudo señalar sólo a uno de los presos que habría participado de la pelea que le provocó la muerte a su hermano.
Por su seguridad, fue trasladado al penal de Bouwer.
Familiares del fallecido se manifestaron frente a Tribunales y en la cárcel, y pidieron la renuncia del director.
Carlos Otín había sido juzgado y condenado en marzo en un juicio sin precedentes, por la cantidad de policías y de penitenciarios, junto con varios hombres más.
Cuando las sentencias quedaron firmes en agosto, Otín y otros familiares fueron pasados del pabellón de procesados al de condenados. Fue entonces cuando los atacaron dentro del penal. Carlos sufrió un severo traumatismo de cráneo a mano de varios presos.