Inmigración y delito: un debate que surge de las encuestas
EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL TIENE UNA POBLACIÓN DE 11.911 DETENIDOS. 2.382 SON PERSONAS EXTRANJERAS.
El presidente Macri pidió que el Congreso legislara la expulsión de inmigrantes que cometan actos delictivos y que fijara el requisito de reciprocidad en el acceso a servicios.
La opinión pública parece haber determinado la iniciativa oficial. En las cárceles argentinas, dos de cada 10 detenidos son extranjeros.
BUENOS AIRES. Cuando Mauricio Macri pidió leyes más duras contra los inmigrantes que “no vienen a trabajar, sino a delinquir, y nos complican la vida”, no sólo impulsó una intensa discusión parlamentaria, sino que buscó ponerse al frente de un reclamo que las encuestas suponen mayoritario y que le permitía recuperar parte del terreno perdido en la opinión pública por el dramático escenario económico.
“En esta Argentina que madura, todo tiene que ser debatido. No tenemos que tener miedo. Señor diputado, tenemos que debatir para ver cómo son las reciprocidades”, le reclamó el Presidente al radical Mario Negri, jefe del bloque oficialista, durante la visita que realizó el jueves a la provincia de Córdoba.
Macri apostó por recalentar la discusión que comenzó a tomar temperatura con la detención de los cuatro extranjeros acusados de participar en los incidentes que se produjeron frente al Congreso de la Nación durante el debate por el Presupuesto 2019, el miércoles 24 de octubre.
Y habló con la seguridad de contar con una posición que suma adeptos tanto del oficialismo como de la oposición. Incluso uno de los abanderados del reclamo para reforzar los controles migratorios es el senador peronista Miguel Ángel Pichetto.
“Tenemos que dejar de ser tontos. El problema es que siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú. Perú resolvió su problema de seguridad y transfirió todo el esquema narcotraficante a las principales villas de la Argentina, que están tomadas por peruanos”, planteó tiempo atrás el rionegrino.
Aunque los números oficiales indican que se incrementaron las deportaciones de los extranjeros que delinquen durante la era Macri (pasaron de ser 235 por año, en 2015, a 414 en 2017 y 370 este año), el Gobierno nacional busca acelerar los procesos.
Incluso las dificultades para actuar sobre los detenidos el 24 de noviembre alimentaron los argumentos oficiales para reclamar cambios. “Si los instrumentos legales que tenemos permiten estas controversias, esto demuestra que los instrumentos que tenemos no son suficientes”, remarcó el director nacional de Migraciones, Horacio “Toto” García.
Pero al margen de los procesos formales, para la Casa Rosada representa una oportunidad para tomar las riendas de un debate que genera una particular atención en la ciudadanía.
Opinión tajante
Las recientes expresiones del Presidente resumen una posición que, según las encuestas, es generalizada en la opinión pública: un relevamiento de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y de la consultora Voices! indicó que el 91 por ciento de los argentinos está de acuerdo con deportar a los inmigrantes que delinquen y el 89 por ciento cree que se deberían reforzar los controles migratorios para ingresar al país.
El creciente malestar de los argentinos por la situación económica y el reciente triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil hacen que el contexto sea propicio para que desde la Casa Rosada impulsen la discusión.
Sin embargo, el terreno también presenta obstáculos y la evidencia más clara es el revés judicial de marzo contra el decreto que firmó Macri para fijar condiciones más estrictas para habilitar el ingreso de extranjeros.
Al respecto, García planteó que “las decisiones de Migraciones deberían ser evaluadas por un foro específico, revisadas como debe ser por una doble instancia, pero con personas abocadas al tema” porque, opinó, “los tribunales tienen demasiado trabajo, y eso ralentiza las decisiones”. Ahora la apuesta está en el tratamiento legislativo.
Los datos
Según datos oficiales, en el segundo trimestre del año se otorgaron residencias permanentes a un total de 23.071 extranjeros. El mayor número (5.796) se radicó en la provincia de Buenos Aires, mientras que 655 se instalaron en Córdoba.
Otra estadística sin sobresaltos: el 20 por ciento de los presos son extranjeros
Tras la polémica por los cuatro extranjeros detenidos en los incidentes en el Congreso, mientras se discutía el Presupuesto, la Procuración Penitenciaria de la Nación emitió un informe lapidario.
“El discurso imperante en la opinión pública instala una imagen estigmatizante de la persona extranjera, presuponiendo su condición migratoria irregular y asociándola al delito y a la criminalidad”, cuestionó la Procuración.
Ese discurso, dice el documento, coloca a los extranjeros en determinantes del incremento de la inseguridad y potencia su exclusión social. Pero esto no se condice con las estadísticas del propio Estado.
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) tiene actualmente una población de 11.911 personas, de los cuales el 20% son extranjeros, unas 2.382 personas. Este número se mantuvo igual (con leves oscilaciones) desde 2007, y alcanzó un pico del 23% en 2015.
Nuestro ordenamiento jurídico prevé que toda persona que habite el suelo argentino es igual ante la ley, siendo por ello merecedor de su protección y sujeto pleno de derechos.
“La realidad nos interpela, como un Estado históricamente receptor de flujos migratorios, a exigir el respeto de estos principios fundamentales para las personas extranjeras que se encuentra en el país”, dice el informe.