El pestilente tufillo de Grababus
Para la ciudadanía, el anuncio pasó entre la apatía que genera el descreimiento. Cuando hace poco más de una semana el Gobierno cordobés se ocupaba de difundir que iba a rescindir el contrato con la firma Grababus, encargada desde 2016 del grabado obligatorio de autopartes, las señales sociales no fueron en sintonía con el impacto político y mediático que esta medida generó.
La palabra “curro” fue la que más veces se escuchó en cualquier bar o charla informal en la que el tema aparecía, aunque nadie tuviera pruebas para sostener semejante afirmación.
Muchos pagaron este trámite cuando tuvieron que vender un auto o comprar un cero kilómetro. Pero de ellos fueron pocos los que realmente lo aplicaron.
De manera insólita para lo que se presentaba como un importante mecanismo para la prevención del delito, lo único obligatorio era abonar el trámite de Grababus. Nadie en el Estado exigía que luego el grabado se efectivizara.
El nuevo propietario del vehículo podía ir a grabar sus autopartes o sólo asumir aquel costo como uno más dentro de la catarata de sobreprecios administrativos que viene adosada a la venta de cualquier rodado. Si después nunca lo hacía grabar, sólo había que volver a pagar el canon del grabado si en un futuro intentaba vender ese auto.
La práctica se emparentaba más con un negocio privado con evidente venia oficial antes que con aquel fin declamado con el que se impulsó la ley 10.110 en el ya lejano 2012, cuando el ministro de Seguridad de la Provincia era Alejo Paredes y el gobernador, José Manuel de la Sota.
“El objetivo primordial de esta ley es la lucha contra el flagelo delictivo generado a partir del robo de automotores y motovehículos, como así también el seguimiento de las autopartes sustraídas, dotando a las fuerzas de seguridad de un elemento vital para la lucha contra este flagelo”, se aseguraba entonces.
Pero desde que comenzó a aplicarse, recién en 2016, los cordobeses recibieron este trámite como un simple impuesto más. Lo tomaron con la misma resignación que ahora mostraron al trascender la noticia del fin de ciclo para Grababus.
Durante estos casi dos años, sólo un sector puntual dentro de la oposición política continuó reafirmando el carácter meramente monetario de esta instauración.
Ahora que la Provincia denunció a la firma por una supuesta evasión impositiva, no sólo en el mundillo político sino también en la calle no fueron pocos los que asociaron esta abrupta decisión con la reciente muerte del padre de la criatura, el exgobernador De la Sota.
En la Justicia provincial y en la Policía, en tanto, hace una semana que murmuran enojo. Se sienten usados por una disputa que nada tiene de prevención del delito y a la que señalan como política.
Ahora bien, ¿bajaron o aumentaron los robos de automotores en Córdoba?
GRABABUS, COINCIDEN DISTINTAS VOCES, ARRANCÓ Y MURIÓ POR INTERESES QUE POCO TENÍAN QUE VER CON LA INSEGURIDAD.
Una primera lectura lineal advierte que la marca indeleble de autopartes poco y nada ayudó en ese sentido.
Pero aquellos que todos los días investigan el siempre activo mercado de vehículos y autopartes robadas no coinciden y se muestran molestos por la rapidez con la que corrió este diagnóstico, acaso alentado por los que ahora tienen que justificar lo que todavía sigue siendo bastante opaco.
Para estos pesquisas, el grabado era una herramienta más, que servía al momento de analizar una autoparte, pero sólo si se la consideraba en un conjunto más amplio.
De acuerdo con las condiciones operativas –en las que sólo se observaba si se pagaba o no, sin que el grabado fuera obligatorio–, poco podía pretenderse que esta sola medida redujera el mercado de vehículos robados.
Grababus, coinciden estas voces, arrancó y murió por intereses que poco tenían que ver con el real combate contra la inseguridad.