Un avance en materia de transparencia
La transparencia en la administración pública no siempre está en sintonía con las demandas de una sociedad madura y atenta a los actos de los funcionarios que gestionan en la órbita del Estado.
Es por ello que cualquier gesto que se encamine a revertir ese grado de desconfianza ciudadana es valorable y contribuye a erradicar los amañados procedimientos basados en el ocultamiento premeditado de lo que debe ser público, aun pasando por encima de las leyes vigentes.
En un hecho sin precedentes, los cordobeses tuvieron la oportunidad de conocer el estado patrimonial de los 17 jueces federales que cumplen funciones en la provincia.
Ello fue posible por un informe que publicamos el pasado domingo, y en virtud de que el Consejo de la Magistratura de la Nación remitió copias de las declaraciones juradas de los magistrados que el diario había solicitado meses atrás, a través de las vías administrativas correspondientes.
La difusión de los datos (en un poder del Estado cuestionado y siempre reacio a que se conozcan asuntos que sólo se ventilan puertas adentro de los tribunales) es auspiciosa, más allá de que pueda generar resquemores.
Las situaciones patrimoniales abarcan a los jueces de primera instancia y a los miembros de las dos salas de la Cámara Federal de Apelaciones, y datan de 2017.
Vale insistir en que se trata de un procedimiento regulado por ley. Los jueces (como los numerarios de los cuantiosos organismos nacionales, provinciales y municipales) deben presentar su declaración jurada al asumir el cargo y la deben actualizar cada año hasta su retiro de la función.
Lo que estaba en tela de juicio era la poca voluntad por la difusión espontánea y sin omisiones de tales antecedentes, una actitud desleal contraria a los reclamos de la sociedad.
Con todo, al explorar los informes se desprende que los jueces federales se ubican en lo más alto de la escala salarial que paga el Estado a sus dependientes. En la mayoría de los casos, con haberes que superan con holgura el que tiene asignado el presidente de la Nación.
Y es en ese contexto de jugosos emolumentos donde se aviva la polémica por la negativa de los miembros del Poder Judicial a pagar el Impuesto a las Ganancias. Una prerrogativa que los pone en un plano de desigualdad frente a los trabajadores alcanzados por ese tributo.
Se trata de cuestiones que deberán ser sometidas a debate y, en algunos casos, enmendadas en las disposiciones normativas de rigor.
Ello, sin embargo, no le debe restar prioridad al derecho a la información pública que tienen los ciudadanos.