Euromayor fue intervenida por seis meses por la Justicia
Lo dispuso el juez de Control José Milton Peralta. La medida incluye a South American Trust y a Trust & Development. La fiscal Valeria Rissi, que investiga probables delitos en las empresas, había hecho el pedido.
El juez de Control José Milton Peralta ordenó la intervención judicial de las firmas Euromayor SA, South American Trust SA (Satsa) y Trust & Development SA (T&D) por el término de seis meses.
La medida responde a un pedido de la fiscal de Delitos Complejos Valeria Rissi, quien solicitó la cautelar para garantizar el resguardo de información y de valores en tanto continúa con su investigación de supuestas estafas.
La orden del juez Peralta implica la designación de un interventor en cada una de estas firmas para apoyar la investigación de Rissi, a partir de denuncias relacionadas con los emprendimientos ubicados en Valle del Golf, Antigua Cervecería, Vistas del Parque y Jardín Inglés Este.
El magistrado tomó recientemente dos decisiones a pedido de la funcionaria judicial especializada en Delitos Complejos. Una, la intervención, y la otra, relacionada con quién abonaría los honora- rios profesionales de los interventores. El juez determinó que esos gastos deberán afrontarlos las sociedades intervenidas.
En los pedidos, Rissi solicita que las cautelares “eventualmente” se extiendan también a los fideicomisos financieros Antigua Cervecería Córdoba e Inmobiliario Tierras de Córdoba.
Funciones
Lo sustancial de la medida ordenada por Peralta es la respuesta que le da a Rissi respecto de los “objetivos” de la intervención.
En el núcleo de su decisión, el juez enumera esos objetivos como las “funciones” asignadas a los interventores: refrendar conjuntamente todos y cada uno de los actos de administración del directorio o de quien lo sustituya temporal o permanentemente en la función; también tiene que vigilar las actividades de las empresas intervenidas e informar de aquello que pueda influir negativamente en la gestión social.
A su vez, debe controlar que la contabilidad sea llevada en legal forma (lo que incluye la registración completa de las operaciones); interiorizarse de los hechos investigados y asegurar las pruebas que, en el ejercicio de sus funciones, pudieren advertir respecto de aquellos; y por último, elevar un informe a la instrucción sobre el cumplimiento de su función cada 30 días.
La cautelar busca que los interventores controlen los movimientos empresarios de manera de evitar operaciones que puedan afectar el patrimonio de las firmas y, en el plano estrictamente investigativo, como un modo de preservar la obtención de prueba.
“Coadministración”
Respecto de esta situación, Gerard Gramática, quien asesora a Satsa y a su titular Jorge Airaudo, señaló que esto está “en sintonía con múltiples presentaciones” que han realizado para informar a la fiscalía de todo lo que hacía, “buscando soluciones para la gente y proponiendo alternativas para que haya siempre la mayor transparencia posible en toda la actuación de Airaudo”.
“Estas alternativas las hemos propuesto siempre en el marco de la transparencia con la que nuestro asistido se manejó y pretende seguir haciéndolo, sobre todo para brindar tranquilidad a la gente y a la Justicia que está interviniendo”, amplió Gramática.
Sobre los inversionistas que reclaman, el abogado indicó: “Lo importante es que la gente, pese a la crisis que atraviesa el país y que impacta obviamente en todo, tenga la tranquilidad de que su dinero es gestionado de la mejor forma posible”.
Finalmente, tras destacar el papel jugado por la fiscal Rissi, aclaró que para él esta situación se trata de una “coadministración” y que no hay un “apartamiento del administrador originario”.
Osvaldo Baccino, defensor de T&D, señaló que no formularán precisiones por el momento. Respecto de Euromayor, no fue posible establecer contacto.