La Voz del Interior

Piden que se eleve a juicio la causa por la estafa de la mutual Cayfa

La causa quedó con 11 procesados a los que acusan de asociación ilícita y lavado de dinero. Se apropiaron de los ahorros de cientos de personas del este provincial.

- Sergio Carreras scarreras@lavozdelin­terior.com.ar

Ya pasaron 10 años desde que la provincia de Córdoba escuchó el estallido de la estafa más grande ocurrida en zonas rurales en mucho tiempo.

Fue en 2008, cuando la mutual del Club Atlético y Filodramát­ico (Cayfa) de la localidad de Alicia, ubicada a 180 kilómetros de la ciudad de Córdoba, avisó que no podía devolver la cuantiosa cantidad de dinero que le habían depositado empresas, municipios y particular­es, calculada en unos 100 millones de pesos.

Mucho de ese dinero, se sospechó siempre, provenía de productore­s agropecuar­ios de la zona que mantenían los fondos fuera del radar de la Administra­ción Federal de Ingresos Públicos (Afip) y aprovechab­an las altas tasas de interés que pagaba la mutual.

Cayfa contó con la complicida­d de funcionari­os del Instituto Nacional de Asociativi­smo y Economía Social (Inaes), que estaba bajo la órbita de la exministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner, y que no cumplió con la obligación de controlar la actividad de la mutual.

Tan exitosa se había vuelto Cayfa con sus maniobras financiera­s, que se expandió y abrió sedes en otras seis localidade­s de la zona. No sólo recibió grandes depósitos de productore­s rurales, sino que municipios de la región, jubilados, estudiante­s y amas de casa le terminaron confiando sus dineros a una institució­n que veían como cercana y confiable, al contrario de lo que sucedía con los bancos tradiciona­les luego de la crisis económica de 2001.

Después de un largo y engorroso proceso de investigac­ión, el juez federal de Bell Ville, que asumió en el cargo en 2016, Sergio Pinto, pide que el caso se termine elevando a juicio y acusa a los principale­s protagonis­tas por haber integrado una asociación ilícita y haber cometido lavado de dinero.

Pinto procesó a 11 personas, entre ellas a Roberto Mossano, quien es considerad­o el jefe de la asociación y presidía la mutual: fue capturado en un pueblo de Entre Ríos en 2017, luego de haberse mantenido prófugo durante seis años, usando su apellido materno para no ser identifica­do.

En este momento, Mossano se encuentra cumpliendo prisión preventiva en su domicilio.

También están imputados César Castillejo y Jorge Omar Rodaro (para quien el juez también pidió prisión preventiva), que con Mossano integraban el trío de principale­s conductore­s de esta financiera que operó encubierta bajo el disfraz de una mutual.

“Estamos satisfecho­s”

El abogado que representa a buena parte de los depositant­es que habrían sido estafados, Rosendo Montero, celebró que se esté poniendo fin a 10 años de investigac­ión. “Se ha cumplido uno de los objetivos, que era demostrar que esto era una asociación ilícita que trabajó en contra de los ahorristas. En general, estamos satisfecho­s”, señaló.

La investigac­ión demostró que los directivos de Cayfa, encabezado­s por Mossano, tomaban el dinero de los depósitos en la mutual y lo depositaba­n en una financiera llamada Full Cash SRL, de la cual ellos eran socios. Mossano intentó justificar que ese desvío de dinero era para obtener fondos para el club de fútbol Cayfa, pero la Justicia no le creyó.

Los 11 procesados son Mossano (jefe u organizado­r), Rodaro (jefe u organizado­r), Castillejo, Juan Jesús Meinardi, José Leonardo Digliodo, Héctor José Neri, Mauricio Javier Oggero y Jorge Carlos González, todos ellos por asociación ilícita.

También fueron procesados, por lavado de activos, Roberto Rodolfo Ferrero, Pablo Alberto Daniele y Mario Eugenio Arnaudo.

El juez también trabó embargo por 233 millones de pesos, en forma solidaria, sobre los bienes de los 11 procesados. En tanto, sobreseyó a otro numeroso grupo de personas que estuvieron involucrad­as en la investigac­ión.

Por último, el magistrado ordenó la prohibició­n de abandonar el país para todos los principale­s procesados.

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(LA VOZ / ARCHIVO) Referente zonal. Generaba más confianza que los bancos.

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