Cuadernos: las empresas investigadas ganaron contratos millonarios
BUENOS AIRES. Un relevamiento de la Oficina Anticorrupción (OA), sobre más de 760 contratos de obra pública federal, detectó que las empresas que integran la causa de los cuadernos ganaron contratos por más de $ 110.000 millones y por U$S 4.300 millones durante el kirchnerismo, y que un porcentaje muy elevado de esas compañías reincidieron en los negocios con el Estado.
El estudio fue adelantado por La Nación, que agrega que, en vez de alejarse de los funcionarios kirchneristas que los habrían “apretado” (tal como declararon algunos empresarios en la Justicia), muchas empresas acumularon hasta 50 o más contratos, solas o en uniones transitorias de empresas (UTE).
La OA ya entregó al juez Claudio Bonadio ese informe preliminar con sus primeras conclusiones, basado en la revisión de 766 contratos con el Estado de empresas próximas al anterior Gobierno, pero también al actual.
Allí, figuran desde Austral Construcciones, de Lázaro Báez, hasta Electroingeniería y JCR (familia Relats, que alquiló el hotel Los Sauces de los Kirchner en El Calafate), y de Iecsa y Creaurban (lideradas por Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente, Mauricio Macri), y Caputo Sacif, la constructora de la familia de Nicolás Caputo.
El relevamiento, agrega el diario, también expone los beneficios que cosecharon los empresarios que se erigieron en líderes de sus respectivos sectores durante la década anterior.
Entre ellos, el entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, y el extitular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain, así como grandes constructoras como Rovella Carranza, Panedile y Petersen Thiele y Cruz (de la familia Eskenazi).
Procesados
El informe del organismo que lidera Laura Alonso parece darle la razón a Bonadio quien, a mediados de septiembre pasado, dictó el procesamiento a una larga lista de empresarios.
“Por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaron los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados”, había justificado el juez en su resolución.
El relevamiento que desarrolló la OA a pedido de Bonadio se combinó con los datos que presentó la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
“A mediados de octubre (Afip) alertó que cerca de 30 involucrados en la investigación –o sus fami- liares directos– ingresaron al blanqueo de capitales que el actual gobierno promovió en 2016”, explicó La Nación.
La Afip también informó que al menos cinco compañías involucradas en los cuadernos de la corrupción, como las cordobesas Electroingeniería y Roggio, se beneficiaron con una refinanciación de deudas similar a la que obtuvo el Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián de Sousa, hoy también detenidos.
Ahora, los empresarios que ya integran esa lista centran sus esperanzas en los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal porteña, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.