Una campaña por la identidad
Se estima que unos 400 mil argentinos no fueron inscriptos en los registros civiles y, por lo tanto, no accedieron a su DNI.
Las estadísticas se refieren sólo a los argentinos nativos, por lo que no entran en este entramado los extranjeros indocumentados que residen en el país.
En un intento por revertir una situación que se viene agravando con el paso de los años, el Gobierno nacional lanzó una campaña para dar solución a este asunto.
En muchos casos se trata de menores y adolescentes cuyos padres no llegaron a registrar sus nacimientos, una gestión clave para obtener la documentación personal. Es de esperar que la campaña en marcha tenga los componentes administrativos y jurídicos necesarios en línea con los preceptos de la agenda gubernamental, estructurada para otorgar a esas familias un derecho humano básico y crucial para su existencia.
Se anuncia que el programa se extenderá entre el 19 y el 30 de este mes, período algo efímero que, con todo, amerita una difusión profusa y el debido asesoramiento respecto de los trámites que cada persona deberá atender. Sin embargo, el éxito del plan no debe recostarse únicamente en la auspiciosa iniciativa oficial. Es también responsabilidad de la población indocumentada poner su esfuerzo para revertir una coyuntura irregular.
Basta enumerar algunos de los obstáculos que enfrentan los argentinos que carecen de DNI: no pueden acceder a un beneficio de seguridad social ni a títulos educativos; es condición inmodificable poseer el documento para ingresar a un trabajo formal, para viajar o para tener acceso a servicios de justicia, entre otros.
Bien lo resume el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en un informe sobre la problemática: el derecho a la identidad es el “reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y, a su vez, de su pertenencia a un Estado, a una sociedad y a una familia”.
El Estado y los que viven en situación de indocumentados tienen una oportunidad más en vías de sanear una falencia de índole civil que fue desatendida durante décadas.