Distancias necesarias

Al concluir la reciente asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, se supo que la Iglesia Católica aceptó prescindir de los recursos que hasta hoy le aporta el Estado.

El tema se impuso en la agenda política, en medio de las multitudinarias manifestaciones públicas a favor de la legalización del aborto, ámbito en el que cobró nueva fuerza el histórico reclamo por una separación absoluta entre Iglesia y Estado. Al pañuelo verde favorable al aborto, se sumó entonces el pañuelo naranja.

Si vivimos bajo un Estado laico, cómo es posible que los sueldos de los obispos se abonen con recursos públicos, fue la pregunta central de la demanda. Oponerse a esa contribución que ronda los 130 millones de pesos, se advertía, no significa estar en contra de la religión sino a favor de la neutralidad religiosa del Estado. Las máximas jerarquías de otros credos –se argumentó– no reciben un beneficio similar. En ese contexto, el Gobierno, al amparo de la Secretaría de Culto de la Cancillería, conformó una comisión junto a los obispos para estudiar la cuestión. Las reuniones se iniciaron hace varios meses, y el resultado no podía ser otro que el que se comunicó en estos días.

Con todo, la resolución no entrará en vigencia de inmediato y en su totalidad. El proceso de adecuación podría tardar un par de años. Es más, podría incluir una pequeña reforma impositiva para que los contribuyentes que lo deseen puedan afectar una ínfima parte de sus impuestos al sostenimiento de un culto cualquiera.

De todas maneras, la asignación de recursos no es el único punto donde se observa un trato preferencial del Estado para con la Iglesia Católica. La presencia de imágenes religiosas en hospitales, escuelas y edificios públicos es tan habitual que lo vemos como algo natural, cuando de hecho no lo es.

Vale recordar, por caso, una asamblea interclaustros en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba que, en agosto, resolvió retirar una imagen de la Virgen ubicada a metros de la entrada al edificio.

Ahora, el Concejo Municipal de Rosario aprobó una ordenanza por la cual le pide al gobierno de Santa Fe el retiro de las imágenes religiosas de todos los hospitales y escuelas del Estado, para reforzar el carácter laico de la ciudad.

En este marco, es razonable pensar que las explícitas declaraciones a favor del sostenimiento del catolicismo en la Constitución nacional y en las provinciales debieran ser quitadas cuando se dé la oportunidad.

Nuestro derecho individual a creer en un Dios es inalienable. Pero el Estado debe tomar distancia de cualquier organización religiosa.