Unicef cuestiona la cárcel a los adolescentes
Los centros cerrados no garantizan la reinserción social. La mitad de los jóvenes que pasan por encierros son reincidentes. Una investigación revela abusos y malas condiciones edilicias en estos establecimientos.
En un estudio, afirma que la mitad de los jóvenes que pasan por el encierro terminan reincidiendo.
En la Argentina, unos 7.200 jóvenes se encuentran en conflicto con la ley penal. De ellos, 1.300
(18,2%) están en centros cerrados o en establecimientos de privación de libertad, según el último relevamiento nacional sobre adolescentes en conflicto con la ley penal de Unicef y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
(2015).
¿Cuál es la realidad de estos chicos? ¿Qué piensan de la escuela, de la familia? ¿Qué proyectos de futuro tienen? ¿Cuáles son las condiciones de vida en estos lugares de encierro?
La investigación “Las voces de las y los adolescentes privados de libertad en Argentina”, un estudio sobre los chicos detenidos en centros cerrados, realizado por Unicef y por el Centro de Estudios de Población (Cenep), ofrece una especie de radiografía de las condiciones de vida previas y posteriores al encierro.
Revela, así, que la mayoría de los adolescentes privados de libertad son varones, y cuatro de cada 10 tienen 17 años cumplidos. Uno de cada cuatro tiene al menos un hijo (el porcentaje es similar entre varones y mujeres): un número elevado en relación con la población general. Si se analiza la composición de los hogares donde crecieron, se observa una mayor presencia materna (solo el 52,6% de los chicos convivía con su padre), y es fuerte el rol subsidiario de abuelas y abuelos.
Además, una elevada proporción de jóvenes vivió alguna vez en situación de calle (28,3%). Según lo manifestado por los adolescentes encuestados, esto es consecuencia de la violencia en su entorno, de las peleas con sus progenitores o de situaciones de pobreza extrema de sus familias.
El 14% vivió en “hogares de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales” porque sufrió maltrato en su casa (ocho de cada 10 revelan que recibieron castigos físicos), abandono o abuso sexual.
Un gran número ha consumido sustancias, realizó trabajo infantil
(61%) y muestra una inserción débil y fragmentada dentro del sistema educativo.
El 50,8% iba a la escuela antes de tener problemas con la Justicia, el
77,2% había repetido algún año y casi ocho de cada 10 habían abandonado el colegio en algún momento de su vida. El 84,3% probó alguna vez la marihuana; el
57,1%, pastillas; cinco de cada 10, la cocaína y el 23%, la pasta base.
“Sus trayectorias de vida reflejan el modo en que se fue construyendo y manifestando su vulnerabilidad social, vulnerabilidad que viene a dar cuenta de que han quedado excluidos del acceso a los principales derechos de la niñez y la infancia. El entrelazamiento de violaciones de derechos y ausencias institucionales que garanticen una vida digna deja expuestas las principales necesidades que deben ser atendidas en esta población desde edades más tempranas”, plantea el informe.
La institución con más presencia en la vida de esta población, según las percepciones de los adolescentes, es la Policía. Casi el 40% manifestó haber sido maltratado por las “fuerzas de seguridad” antes del encierro.
Pero, además, tres de cada 10 sufrieron algún tipo de violencia en la institución donde se encuentran, y la mayoría no pudo realizar la denuncia. La mitad de los encuestados ya había pasado por un centro de privación de libertad.
El informe destaca que los estándares internacionales para el sistema de responsabilidad penal juvenil consagran, de manera unánime y como objetivo principal, la resocialización de los jóvenes y la no profundización de sus condiciones de vulnerabilidad.
“El sistema no puede basarse en infligir padecimiento y angustia a las y los jóvenes en conflicto con la ley como mecanismo de sanción”, subraya.
Para la muestra se realizaron encuestas al 40% del total de los adolescentes privados de la libertad en 22 centros cerrados de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta, Jujuy y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“El estudio muestra que los adolescentes que ingresan a los centros de privación de la libertad son los que tienen mayor vulnerabilidad y menores recursos para enfrentar tanto los riesgos sociales como el proceso penal, y eso determina que se los encierre. Hay una ausencia marcada del Estado para garantizarles tempranamente derechos básicos”, advierte Hernán Monath, especialista en protección de derechos y acceso a la Justicia de Unicef.
Condiciones de los centros
La investigación indagó en las condiciones de vida en los centros cerrados y detectó, entre otras irregularidades, falta de acceso a tratamientos de salud, abusos en los regímenes disciplinarios, dificultades para mantener un contacto con el mundo exterior y situaciones de violencia.
En cuanto a las condiciones edilicias, se constató ausencia de luz natural y ventilación, falta de calefacción, humedad en las paredes, pisos y materiales sueltos, roedores e insectos y espacios reducidos, principalmente en sitios de descanso, en instalaciones sanitarias, en patios y en salones.
Los tratados internacionales, como la Convención sobre Derechos del Niño, establecen que la privación de libertad debe ser aplicada como último recurso y por el menor tiempo posible. Según el relevamiento, en el país, el 31,3% permanece en encierro entre uno y tres meses; y el 29,3%, entre cuatro y 12 meses.
Además, la Convención indica que deben existir condiciones que respeten la integridad física y la dignidad del joven. En Argentina, siete de cada 10 chicos desconocen cuánto tiempo estarán encerrados. “Esta situación genera incertidumbre, desconfianza y el incumplimiento de sus garantías procesales. Hay una enorme distancia entre los chicos y el proceso judicial, y muchas dificultades para entender lo que les ocurre”, advierte Unicef.
Por otra parte, el contacto con los jueces que siguen sus causas es mínimo: los procesos resultan incomprensibles para ellos.
El estudio advierte sobre que esta situación “impide cualquier aprendizaje o proceso de reflexión que pueda llegar a esperarse del
tránsito por el proceso penal, aunque en cualquier caso la capacidad restaurativa de la sanción privativa de libertad está seriamente cuestionada”.
En este sentido, remarca que la privación de la libertad es una medida sancionatoria ineficaz para cumplir con los fines educativos y de reinserción social que debe tener toda sanción especializada para adolescentes.
Un dato lo corrobora: la mitad de los encuestados afirmó que no se trataba de su primera vez en una institución de encierro. Además, la mayoría de los adolescentes que ingresan a un centro cerrado egresan sin un proyecto de vida que les ayude a asumir un rol constructivo en la sociedad.