Entre los privados, el decreto deja un amplio margen de negociación
Luego de las primeras conversaciones informales entre funcionarios provinciales y los gremios estatales quedó la evidencia de que hay diferentes posturas entre los principales sindicatos: algunos aceptarían cobrar un bono compensatorio y otros prefieren un aumento salarial, remunerativo.
Aunque desde el Centro Cívico no se brindó información oficial, la secretaria General de la Gobernación, Silvina Rivero, quien lleva adelante la negociación por parte del Gobierno, mantuvo ayer reuniones informales con referentes de los principales gremios de los agentes públicos.
El único que se manifestó en público fue el titular del gremio de los empleados jerárquicos (Unión Personal Superior), Domingo Ovando, quien rechazó la posibilidad de una actualización salarial a través de un bono compensatorio.
“Hemos tenido algunas conversaciones informales con el resto de los gremios y también con funcionarios provinciales. Todos saben cuál es la postura de nuestro sindicato: aspiramos a que la actualización salarial sea porcentual, remunerativa y que alcance a los jubilados”, planteó el sindicalista que un mes atrás fue reelegido en la UPS.
Como es su costumbre, mientras negocia con el Gobierno, José Pihen, titular del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), se mantiene hermético.
De todos modos, fuentes del sindicato que aglutina a más de 20 mil agentes públicos dejaron trascender que al SEP lo entusiasma la idea de percibir un bono de cinco mil pesos, como ocurrirá con los estatales nacionales.
Esta posición es entendible, ya que los afiliados al SEP integran la escala más baja de los salarios públicos, por lo cual un bono de cinco mil pesos significaría un importante aumento, aunque sea por única vez.
Entre los docentes, la situación es más compleja. El gremio que contiene a la mayor cantidad de estatales (más de 80 mil) tiene una escala salarial muy variada.
El titular de la UEPC, Juan Monserrat, habría pasado ayer por el
El decreto 1.043/2018 estableció “a partir del 1° de noviembre de 2018 una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, que ascenderá” a cinco mil pesos.
El 50 por ciento se pagará con los salarios de noviembre y la otra mitad con los salarios de enero.
Ese es el marco general. No obstante, el decreto también indica que las “actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva” podrán “adecuar la implementación” de los “plazos y montos” del bono. Quién determinará qué se entiende por “declinación productiva” es una de las grandes dudas de la normativa.
El decreto, además, indicó que los sectores que acordaron un aumento adicional que compense el aumento de la inflación, según sus convenios colectivos de trabajo, podrán pagar el bono a cuenta de ese incremento “salvo que acuerden expresamente su no absorción”.
Así, empresarios y gremios podrán establecer que las sumas del bono “se computen hasta dicho monto, a cuenta de las sumas que pacten en concepto de revisión salarial de la pauta correspondiente a la negociación colectiva del año 2018”.
“Los empleadores que hubiesen otorgado unilateralmente otros incrementos sobre los ingresos de los trabajadores a partir del 1° de enero de 2018, podrán compensarlos hasta su concurrencia con la suma total de la asignación establecida”, indica el decreto.
Quedaron excluidos de los alcances del bono “los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal”. También los trabajadores rurales y el personal de casas de familia.
Entre los empleados nacionales sí los cobrarán las fuerzas de seguridad de la Nación (Policía Federal, Prefectura y Gendarmería). También se agregaron los efectivos de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea).