Un drama que compromete a todos
El trabajo infantil en sus distintas formas ha pasado a ser un drama social y humanitario que alarma. Es también el más vergonzoso acto de abandono e injusticia en perjuicio de la minoridad, que los gobernantes y la sociedad misma no han sabido solucionar.
Se trata de un flagelo que expone a los niños y adolescentes a convivir en ambientes hostiles y perjudiciales para su formación y su crecimiento. Viven ocupados en tareas que no les son propias, y lejos de los ámbitos en los que deberían forjar un futuro mejor; entre estos, la educación en el ámbito escolar.
Lo angustiante de este cuadro es que (más allá del Estado muchas veces ausente) hay niños, niñas y adolescentes que venden mercancías en las calles de las grandes urbes regenteados por mayores, entre ellos, sus propios padres.
Es una radiografía preocupante, que refleja lo que ocurre en el Centro de la ciudad de Córdoba, donde en los últimos años creció la cantidad de menores que pasan la mayor parte de día abocados a tareas informales.
Según datos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, de los 77 niños, niñas y adolescentes que reveló el organismo en 2016, la cifra trepó a 94. En muy pocos casos se detectó a menores en situación de calle (aunque la variable, aun mínima, no es para agitar optimismos).
Lo lamentable de este entramado radica en que una vez más la Provincia y la Municipalidad de Córdoba salieron a cruzar responsabilidades antes que a promover el diálogo y las tareas en conjunto para abordar este drama.
Es verdad que ambas administraciones tienen sus propios programas de asistencia a la minoridad en grado de riesgo. Pero vale detenerse en los dichos del titular de la Defensoría, Mario Decara, respecto de la controversia jurisdiccional. “Los niños y adolescentes en situación de calle muestran de la manera más lamentable y brutal el fracaso compartido del Estado”, dijo el funcionario.
El informe de la Defensoría que publicamos el pasado lunes fue enriquecido con entrevistas a menores que viven de las baratijas, expuestos a las peores experiencias de trabajo y sin un panorama visible que les garantice una vida digna en una sociedad más justa.
El brazo de la Justicia tendría que estar también alerta para actuar de oficio y poner en regla a los mayores que promueven estos sometimientos laborales inadmisibles en pleno siglo 21, cuando los derechos de los niños se imponen el mundo.
Los niños y niñas deben dejar de ser sólo un número para la estadística. Esa arraigada metodología sólo se revertirá con el compromiso colectivo y de funcionarios que suelen reaccionar cuando el problema salta a la luz pública.