La megaestafa de las ART, a las puertas del juicio oral
La Cámara 8ª del Crimen de la ciudad de Córdoba rechazó el pedido de probation de los miembros del estudio jurídico Dujovne, acusados por presuntas estafas a 312 clientes por indemnizaciones laborales a cargo de las aseguradoras de riesgo del trabajo (ART).
El tribunal integrado por Eugenio Pérez Moreno (presidente), Manuel Ugarte y Marcelo Jaime rechazó las peticiones del titular del estudio jurídico, Horacio Eugenio Dujovne; de su hermano médico, Miguel Luis Dujovne, y de los hijos del primero, los abogados Alberto Adolfo Dujovne y Paula Dujovne.
En la misma resolución, también se rechazó la posibilidad de que el yerno de Horacio Dujovne, Ricardo Oscar Kohn (esposo de Paula), presentara en el futuro un pedido de suspensión de juicio a prueba (probation), teniendo en cuenta que días atrás se negó su solicitud de extinción de la acción penal por reparación económica a los denunciantes. Su ofrecimiento fue muy inferior a lo que reclama cada uno de los miembros del colectivo de damnificados.
Esta decisión del tribunal responde a lo pedido por el fiscal de Cámara Hugo Almirón y por los abogados querellantes, quienes rechazaron las ofertas de los acusados de “defraudación por administración fraudulenta”, por considerar que los montos que ofrecían eran insuficientes. Por esto, ahora sigue la citación a juicio oral y público para los acusados.
El fiscal Almirón ya solicitó que el tribunal fijara fecha para el inicio del juicio y anticipó que sólo accederá a un acuerdo de juicio abreviado, con penas de prisión condicional, si los 312 damnificados prestan su conformidad con los montos reparatorios que les ofrezcan los Dujovne.
Si ese acuerdo masivo no se da, el fiscal anticipó que buscará la forma de probar una asociación ilícita y que puede reclamar penas de varios años de cárcel.
La instancia judicial parece aproximarse a la hora de definición en sala, luego de casi 12 años de un dilatado proceso judicial, durante el cual algunas de las víctimas han perdido la vida.
Los acusados recurrieron a diferentes instancias judiciales para evitar llegar a juicio.
La causa
Las víctimas de esta maniobra están representadas por numerosos abogados, y es el penalista Justiniano Martínez quien concentra la mayoría de los patrocinios.
La instrucción efectuada en su momento por el entonces fiscal Mariano Antuña les adjudicó a los Dujovne haber engañado a cientos de trabajadores a los cuales les habrían cobrado resarcimiento por seguros de incapacidad laboral, pero rindiéndoles una cifra muy inferior.
Según esa acusación, la acción de estos abogados dejó a cientos de trabajadores en edad de retiro frente a pequeños montos indemnizatorios, mientras que el estudio jurídico se llevó importantes cifras de dinero de lo que abonaron las ART.
De acuerdo con la instrucción de Antuña, los Dujovne les decían a los trabajadores que, por tener un seguro de vida e incapacidad laboral, podían reclamar a las empresas en las que trabajaban.
El modus operandi se habría valido de la situación de que la ley no exigía probar que la enfermedad o discapacidad fue adquirida por el trabajo. Esto dio paso a una inmensa cantidad de reclamos con el consiguiente cobro de elevadas reparaciones, siempre según consta en la causa.
Pero el fiscal indicó que la defraudación no habría sido a las ART, sino que se habría concentrado en los propios “beneficiarios”, que cobraban mucho menos que lo que figuraba en los papeles o que lo que los Dujovne les cobraban a través de poderes.
Tras hacerles firmar el poder, los Dujovne desvinculaban de la negociación a sus representados.
El expediente sostiene que son coincidentes los testimonios de cientos de víctimas que, sin conocerse, cuentan la misma operatoria. Según la causa, a todos les decían lo mismo, para comenzar a “explicarles” lo que les pasaba: “Su juicio no está yendo bien”. Luego, les decían que podían ir a la “baja” en el acuerdo, como forma de cobrar algo y sin necesidad de años de litigio inútil.
La instrucción sostiene incluso que, muchas veces, los abogados ya habían logrado el acuerdo con la aseguradora y tenían el dinero en su poder. Al final, les ofrecían el 20 o el 30 por ciento. Ahora la acusación está a punto de ir a juicio.
PARA EVITAR EL JUICIO, LOS ACUSADOS INTENTARON REPARAR A LOS DENUNCIANTES, QUIENES RECHAZARON LA OFERTA ECONÓMICA.