Un equilibrio difícil
al 45 por ciento de la obra proyectada; el resto será afrontado con toma de deuda. La Legislatura ya autorizó al gobernador Juan Schiaretti a suscribir compromisos por hasta 500 millones de dólares.
Aunque el pago de los servicios pueda resultar insignificante para 2019 (menos del cinco por ciento del total de gastos), el nivel de deuda debe ser asumido con cautela, no sólo por su impacto en las futuras gestiones, sino por las periódicas crisis devaluatorias que sufre la Argentina.
Es ponderable la suba de las partidas sociales, dado el contexto de crisis. El incremento de la inversión social llega al 92 por ciento.
La Provincia cumplirá con el Compromiso Fiscal suscripto en 2017, por lo que prevé resignar 6.141 millones de pesos por deducciones en el Impuesto a los Ingresos Brutos. Por contrapartida, el esfuerzo de los cordobeses será importante en materia tributaria. El Impuesto Inmobiliario Urbano se incrementará entre 29 y 40 por ciento, mientras que el Inmobiliario Rural acusará subas de entre 38 y 56 por ciento.
Los propietarios no sólo deberán afrontar esos aumentos provinciales. Habrá también incrementos en la órbita municipal y nacional, según las respectivas previsiones presupuestarias.
En cuanto a la presentación elegida por Giordano, quien usó frascos con caramelos para explicar los ingresos y los proyectos de obra pública, se trata de un buen recurso comunicativo para hacer comprensible el presupuesto a una vasta audiencia.
Sin embargo, en la Legislatura, correspondía una presentación acorde con uno de los poderes del Estado, en un contexto global complejo y frente a un ejercicio fiscal que supondrá un ajuste.
Salvo en el tema del endeudamiento, la oposición concentró sus críticas en la forma de presentación, además de apelar a viejos eslóganes políticos, sin ofrecer apuntes concretos para rectificar los datos oficiales.
Las autoridades provinciales deberán efectuar un difícil equilibrio entre los ambiciosos proyectos de obras que demanda la sociedad, el endeudamiento y la carga fiscal que se impone sobre empresas y familias en un año recesivo.