Investigados y no investigados Roberto Battaglino
La línea es a veces imaginaria y otras es más concreta. Pero siempre está. Y la tienen muy clara en los Tribunales provinciales tanto aquellos fiscales y jueces que aparecen con más autonomía y ahínco como los que lucen como sumisos y obedientes.
Si se repasa la historia reciente de Córdoba, se encontrará como denominador común que en las pocas causas con compromiso para el poder político que avanzaron hubo siempre un límite en cuanto a no ir más allá de ciertos actores involucrados.
Un ejemplo es la megacausa del Registro de la Propiedad, la cual es citada permanentemente por magistrados y fiscales cuando desean argumentar independencia. Dicha causa arrancó como un enorme tembladeral que parecía sacudir estructuras de poder y terminó con sólo alguno que otro personaje de cierta notoriedad entre rejas y con condena.
Si el repaso es sobre los escasísimos empresarios que pasaron por Bouwer, se verá que únicamente incluye a aquellos que en algún momento tuvieron distanciamientos de alguna naturaleza con quienes ejercen el poder en Córdoba.
La línea está más que presente. De acá para abajo, se investiga, procesa, enjuicia y condena; de acá para arriba, nada.
Quién fue
El más reciente escándalo cordobés es Grababus, donde esa frontera parece estar dada por los responsables de la empresa que durante tres años tuvo a su cargo el grabado obligatorio de autopartes.
El fiscal Enrique Gavier ordenó la detención de los Sorensen por una millonaria evasión agravada. Y lo hizo por una denuncia del propio Gobierno provincial a través de su Dirección de Rentas.
Es raro el caso, porque era el Gobierno el que actuaba como gestor de esa firma y cobraba en su nombre millones de pesos, pero nada hacía por retener los tributos que esta debía pagar.
Legisladores opositores ya manifestaron que le van a pedir a Gavier que hurgue un poco más arriba para ver si había una red de complicidades en el Estado que facilitaba a los Sorensen la maniobra de evasión.
Son los que vienen insistiendo en denunciar un negocio político que posibilitó la llegada de Grababus a Córdoba.
La decisión se tomó en el último mandato de José Manuel de la Sota, quien suspendió la adjudicación por el escándalo que se desató en su momento y la volvió a poner en vigencia a horas de irse, en momentos en que Juan Schiaretti se aprestaba a asumir como gobernador. De hecho, las actuales autoridades provinciales dijeron que lo del grabado de autopartes era parte de la “continuidad jurídica del Estado” y que ellos no habían tomado la decisión. Claro que enseguida destacaron que el sistema y la empresa funcionaban “bien”.
Ha sido dicho y resaltado que la rescisión del contrato, con denuncia penal por evasión incluida, se tomó a las pocas semanas del fallecimiento de De la Sota.
La Justicia podría aportar bastante a la institucionalidad de Córdoba si logra desentrañar cómo fue que una empresa que estafó al Estado en millones de pesos se haya quedado con esa polémica concesión, y quiénes son los responsables.
Si la causa fuese para ese lado, pasaría al fuero Anticorrupción, que va por los 15 años de existencia sin incomodar al poder político provincial. Después de aquella inacción que caracterizó a la tarea de los anteriores fiscales del fuero, Hugo Amayusco y Gustavo Hidalgo, que mandaban todo a archivo sin casi trámites previos, el actual responsable de la Fiscalía, Matías Bornancini, se muestra algo más diligente, aunque todavía no tomó decisiones de fondo. Por ende, habrá que esperar que estas se produzcan para saber si se trata o no sólo de un cambio cosmético como para dar otra imagen.
Por ahora, hay pocas razones para creer que en esos pasillos hay gente dispuesta a correr la raya.