Los estatales provinciales exigen un aumento porcentual
El decreto presidencial 1.043, que habilitó una “asignación no remunerativa” de cinco mil pesos para los empleados del sector privado, generó desconcierto entre trabajadores y empleadores, como también en laboralistas, que anticipan problemas jurídicos entre partes.
En el Ministerio de Trabajo de la Provincia ayer hubo una reunión de asesores para analizar cómo actuar en su rol de autoridad de aplicación ante lo que consideran “inconsistencias” de la normativa.
Para el ministro de esa cartera, Omar Sereno, se trata de “un decreto muy mal diseñado”. “Me parece que la herramienta jurídica para resolver un problema político nos va a generar enormes problemas jurídicos”, opinó Sereno.
El funcionario piensa que el motivo de la decisión presidencial fue “frenar el paro de la CGT antes del G-20”, pero, más allá de las conjeturas, continúan estudiando las distintas posibilidades de los reclamos que puedan abrirse.
Otra voz que se mostró contraria a esta decisión del Ejecutivo nacional fue la del radical Jorge Sappia. El exministro de Trabajo indicó que el decreto “está mal concebido”.
“La única forma de salir adelante es a través de una negociación colectiva donde la parte empresa- ria y la parte sindical negocien la aplicación de este decreto”, dijo.
Sappia consideró que en ese caso, incluso la idea del bono puede ser desestimada por las partes.
“Si lo que querían que ocurriera es que se sentaran a negociar, lo hubieran dicho y no hubieran inventado esta cosa horrible que no se sabe cómo se va a hacer la compensación con los acuerdos que se hicieron antes”, explicó.
A favor
Desde el PRO, el abogado Augusto Succo defendió el decreto y dijo que va a actuar sobre “un espacio que quedó desprotegido y no tuvo reajustes salariales”.
Por otro lado, más allá de su pertenencia a Cambiemos, afirmó que le “hizo ruido la obligatoriedad de avisar al Ministerio con 10 días de anticipación ante despidos sin causa”.
“Hay gremios que ya vienen pidiendo la doble indemnización ante despidos”, comentó.
De todos modos, el macrista consideró que “son muy pocas las empresas que no tengan pagado esos cinco mil pesos de alguna u otra forma”.
“En la práctica, todos o casi todos los empresarios que están nucleados en alguna cámara empresaria han tenido una negociación colectiva en lo que va del año”, explicó Succo. Ese monto “puede imputarse como a cuenta de futuros aumentos”.
Problemas
Los laboralistas enumeraron interrogantes en torno a la medida, entre los que se destaca cómo se absorberá la asignación no remunerativa en caso de aumentos ya erogados o por otorgarse.
“Es un decreto confuso, no se sabe cómo va a hacer la absorción con los acuerdos que se van a hacer a futuro”, dijo Sappia.
Sereno fue crítico en el mismo sentido: “Dice que si usted ya dio incrementos salariales en una cláusula de reapertura, pueden entender que están reabsorbidos, ¿sabés la fuente de conflicto que va a generar eso?”.
Además, el ministro dijo que uno de los puntos que le preocupan como autoridad de aplicación es cómo actuar ante el reclamo de quienes no perciban el bono, cómo determinar el incumplimiento o no de la empresa y si debe haber sanciones.
“La empresa que no quiera o no pueda pagarlo, corre el riesgo”, aventuró.
El funcionario opinó que el decreto crea “desigualdad entre los trabajadores”, pues abre la posibilidad de pagos en “cuotas” y según las posibilidades de cada empresario, ya que el decreto tiene contemplaciones para las actividades en crisis o declinación productiva.
Luego de una reunión que mantuvieron en un hotel céntrico, los gremios estatales provinciales acordaron exigirle al Gobierno provincial un aumento salarial porcentual, descartando la posibilidad de recibir un bono compensatorio.
Los referentes de los principales gremios de los agentes públicos cordobeses se reunieron ayer por la mañana en el hotel Villa de Italia para tratar de consensuar una postura común.
Algunos esperaban que hubiera diferencias, ya que había trascendido que José Pihen, titular del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), prefería recibir un bono remunerativo.
Esto teniendo en cuenta que el SEP tiene un sector de sus afiliados que están en la escala salarial más baja y les convendría recibir un bono de cinco mil pesos.
Sin embargo, en la reunión, Pihen se mostró en línea con sus colegas de exigir un aumento salarial porcentual.
Hasta ahora, la secretaria General de la Gobernación, Silvina Rivero, viene dialogando de manera individual con los gremios.
Si bien nadie habla de propuestas concretas, se sabe que el gobernador Juan Schiaretti no quiere romper el techo del 36 por ciento para la paritaria anual.
Hasta octubre pasado, los estatales provinciales recibieron un aumento del 32 por ciento.
Ahora se negocia la suba para los dos últimos meses del año.
Si bien se espera que la inflación baje en noviembre y diciembre, los pronósticos indican que no será inferior al siete por ciento en los dos meses.
Con esos números, a la Provincia se resultará difícil cerrar una negociación por cuatro puntos de aumento, que sería el techo que aspira a poner el gobernador.
En ese contexto, surge la posibilidad de un bono compensatorio, pero ahora los gremios acordaron rechazarlo.
De todos modos, las conversaciones recién arrancan y hay tiempo hasta el jueves que viene para cerrar un acuerdo.
En las conversaciones que mantienen con la Secretaría General de la Gobernación, los gremios han dejado claro que no firmarán ningún acuerdo que no contemple un aumento para los jubilados provinciales.
LA NORMA NO INDICA QUÉ OCURRIRÁ SI EL EMPLEADOR NO PAGA EL BONO, Y DEJA MUCHAS LAGUNAS JURÍDICAS.