La sociedad espera
concordancia con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pero un par de semanas más tarde, un juez suspendió de modo parcial su aplicación, al hacer lugar a un recurso de amparo presentado por Portal de Belén. Esa medida fue luego ratificada por la cámara correspondiente.
Como la institución demandante quiso actualizar su planteo a partir del resultado legislativo que tuvo el debate sobre la legalización del aborto este año, razonamiento que también rechazó el TSJ en su reciente dictamen, es importante subrayar que un aborto no es punible si se realiza para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer o si el embarazo fue producto de una violación.
El punto en discusión, entonces, no remite a la constitucionalidad del aborto no punible sino a los protocolos médicos fijados por el Gobierno provincial para garantizar el cumplimiento de lo que está fijado por ley y ratificado por la Corte Suprema de Justicia.
En concreto, lo que impugna el Portal de Belén es que la guía provincial dé curso a una práctica abortiva si la mujer que la solicita presenta una declaración jurada en la que afirma que su embarazo es producto de una violación.
Para los denunciantes, la declaración de la mujer es insuficiente. Un juez y una cámara les dieron la razón.
Por ese motivo, quedó en suspenso el segmento de la guía ministerial que estipula los pasos a seguir frente a una embarazada que invoque la causal “violación”.
Esa suspensión impide por ahora la vigencia de un derecho.
El expediente ingresó al TSJ en 2014. Ha pasado demasiado tiempo. Sus miembros son conscientes de la demora.
El relator del tribunal lo dio a entender cuando sostuvo que el TSJ “tiene la voluntad de pronunciarse sobre el tema lo más rápido posible”, porque se trata de “un caso con mucha importancia social”.
Hay una sociedad que espera no sólo – entiéndase bien– la resolución del Tribunal, sino, llegado el caso, un protocolo de actuación para los abortos no punibles que no pueda ser judicializado.