Por qué es vital la educación sexual integral y quiénes se oponen
En Argentina, una de cada cinco nenas es objeto de abuso sexual; cada tres horas, una nena de entre 10 y 14 años tiene un bebé, y en todos los casos estas madres niñas provienen de hogares con necesidades básicas insatisfechas y fueron abusadas, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Durante este año, 22 nenas menores de 12 años fueron asesinadas, en su mayoría luego de abusos sexuales a manos de un familiar o de alguien del círculo íntimo.
En el país de #NiUnaMenos, los desgarradores asesinatos de Sheila y Estefanía sólo pusieron rostro a una dramática realidad, donde el oscurantismo y la miseria social se conjugan para colocarnos entre los índices más altos y aberrantes del Cono Sur.
A 12 años de la promulgación de la ley 26.150, de Educación Sexual Integral (ESI), los objetivos de la norma en relación con las causas del embarazo no deseado y sus consecuencias, que van desde la deserción escolar hasta la muerte y mutilación de cientos de mujeres de bajos recursos, víctimas del aborto clandestino, tampoco han sido alcanzados.
Nos encontramos ante una ley de enorme relevancia social que, a la luz de los datos, es letra muerta si no se establecen los mecanismos adecuados para su implementación.
Sin embargo, el debate en el Congreso de la Nación respecto de la derogación del artículo 5, que habilita a escuelas confesionales a impartir educación de acuerdo con el “ideario institucional”, entre otras modificaciones que harían efectiva su implementación, ha despertado la ferviente oposición de organizaciones no gubernamentales, referentes políticos y sectores vinculados a las iglesias Católica y Evangélica.
Las mismas organizaciones clericales que bloquearon el aborto legal abogando por la educación sexual como prioritaria son las que hoy, con el eslogan “Con mis hijos no te metas”, se oponen a las modificaciones que la harían extensiva, obligatoria y transversal a todas las instituciones educativas del país.
En el pasado, estos sectores, con el aval de la Justicia y del poder político, promovieron acciones judiciales para impedir la anticoncepción gratuita, y lograron bloquear desde hace seis años los abortos no punibles en la provincia de Córdoba.
La defensa del “ideario institucional” proviene de instituciones inficionadas por el abuso sexual y la pedofilia, envueltas en escándalos de encubrimiento a curas pederastas, de instituciones que bajo ese paraguas legal legitiman conductas misóginas y homofóbicas, como se reveló en las recientes denuncias públicas por parte de padres de las Escuelas Pías y de alumnas de la Universidad Católica de Córdoba.
La demonización de la “ideología de género” busca, en realidad, sostener las estructuras que sustentan la subordinación y el sometimiento social de las mujeres, pero también la marginación social de la diversidad sexual, que ha llevado a que el promedio de vida del colectivo trans apenas alcance los 35 años, incluso tras haber conquistado las leyes de identidad de género y de matrimonio igualitario.
No existe un conflicto real entre la familia y la educación sexual, como se pretende implantar con argumentos reaccionarios, en tanto la función de la educación sexual laica y científica no es otra que la de prevenir la maternidad infantil y la detección de casos de abuso sexual en la infancia mediante la adquisición de pautas de cuidado y autoprotección, el concepto de intimidad, poder decir “no” frente a interacciones inadecuadas que generen malestar o confusión, expresar dudas y temores, derribar prejuicios y el respeto a las disidencias sexuales.
Un tercio de los abusos denunciados se dan en la franja comprendida entre los 5 y los 12 años de edad, según lo informado por la Unidad de Delitos Sexuales de Córdoba.
Los que se oponen a la educación sexual no tutelan la familia ni la vida, sino un modelo estereotipado en el que la violencia y los abusos son silenciados bajo los principios de obediencia y resignación. Al amparo del poder político, no sólo se protege a abusadores y a violentos, sino a la familia como célula base de todo un régimen en descomposición que se nutre de esa opresión.
Por eso, y por su función regimentadora de la vida de vastos sectores de la población, la vinculación de la Iglesia Católica y del Estado es más estrecha y profunda en momentos de crisis y ajuste.
Surge entonces que para convertir a la escuela en ese espacio deliberativo y democrático apto para impartir educación sexual, para una real defensa de la vida y de la familia trabajadora, es imprescindible la separación de la Iglesia del Estado.
Esa es una de las conclusiones de la gran ola verde que este año protagonizó el movimiento de mujeres, y en la que debemos empeñar la lucha.
* Abogada, Plenario de Trabajadoras