Perpetua, pero no unánime
El 23 de noviembre de 2014 estaba marcado en el calendario de Agustín Briolini (22) como el día más importante de su vida. Ese día comenzaba su sueño. Ese día presentaría el primer disco de su banda de rock Krebs, esa en la que había volcado sus más profundos sentimientos con canciones de su autoría.
Pero la ilusión se desvaneció en cuestión de segundos, cuando, durante la prueba de sonido en el Teatro del Sol de Villa Carlos Paz, una descarga eléctrica le causó la muerte.
A cuatro años de aquel episodio que golpeó con fuerza en el ambiente musical de esa ciudad, la querella denuncia inactividad por parte de la Fiscalía de Segundo Turno de esa ciudad, a cargo de Ricardo Mazzucchi.
Este medio intentó sin éxito comunicarse con el fiscal para conocer el estado de la causa.
Por la muerte de Briolini hay tres imputados por homicidio culposo: los sonidistas José Pascual Escalante y Federico Julián Murúa, acusados a poco de que sucedió la tragedia, y Osvaldo Pablo Cava, dueño del Teatro del Sol, imputado en mayo de 2017.
Para Gisella Romina Rojas Ippoliti, abogada querellante, el fiscal de la causa viene con importantes demoras.
“La reiterada inactividad no hace más que producir un agravio no sólo a los papás de Agustín, sino también a toda la sociedad, porque el principio fundamental del derecho penal es perseguir la verdad real, con lo cual esta inactividad no hace más que retrasar lo que es la investigación penal preparatoria”, sostuvo la abogada.
Y destacó la que consideran la prueba más contundente: “No bien ocurrió el hecho, se realizaron dos peritajes en toda la instalación eléctrica del Teatro del Sol. Ambos fueron muy contundentes cuando se refieren a que el teatro no tenía los disyuntores que debería haber tenido. No sólo eso, sino que el cable a tierra al momento de la muerte de Agustín no estaba conectado. Por otra parte, el disyuntor que estaba en el momento del hecho era de poca sensibilidad, apto para proteger maquinaria, no así vida humana”.
“Lo que nosotros queremos lograr es que esta causa se eleve a juicio, donde se pueda descubrir la verdad, trabajar sobre todas las pruebas incorporadas en el proceso y que se haga justicia”, agregó la letrada.
“El mensaje que queremos dar es que las personas sean conscientes de los riesgos de la electricidad, sobre todo los dueños de este tipo de establecimientos, para que no haya más muertes evitables”, completó Rojas Ippoliti. “Sólo queremos justicia” Nora Briolini, madre de Agustín, manifestó su pesar al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de su hijo: “Tengo dolor, impotencia y bronca de que la causa se haya estancado de esta forma. Sólo queremos justicia, para que en ningún lugar vuelva a pasar lo que le pasó a Agustín. Queremos que la gente tome conciencia de los riesgos, que no haya más Agustines Briolinis”.
Ezequiel Britos, gran amigo de Agustín y quien era en aquel entonces mánager de la banda que lideraba el joven, fue testigo del momento que se cobró la vida de Briolini. “Recuerdo todo como si fuera ayer. Las sensaciones de impotencia, bronca, dolor y angustia, de tenerlo a él cerca sufriendo y no poder hacer nada. Es sentir el peso del mundo caer sobre tus hombros y sentir un poco la finitud de la esencia humana, y sentir lo complejo de lo prenatural, eso que no podemos llegar a explicar. Cuatro años después se siente igual, no hay explicaciones, no hay justicia, no hay verdad”, comentó.
“Recuerdo a Agus por lo que dejó, por la marca que dejó en las vidas que cruzó. Un idealista, un soñador, una persona que no se tenía que ir y menos así”, cerró.
Cuando en los albores de este siglo se realizó la reforma judicial que entre otros puntos determinaba la creación de los tribunales populares para los peores crímenes, hubo resistencias y discrepancias respecto de no pocas cuestiones.
Entre otras críticas, algunos magistrados se rebelaban a la hora de tener que fundamentar lo que deciden no precisamente ellos, sino los representantes del pueblo.
No son tan frecuentes, pero los fallos divididos o por mayoría suelen dejar ciertas burbujas en la lógica que debe guardar un veredicto.
Para algunos no es congruente ofrecer argumentos técnicos para fundar razonamientos basados en el sentido común, o en la forma de pensar de la gente de a pie.
No es la intención reflexionar sobre los jurados populares, pero sí señalar que el caso de la condena a prisión perpetua que se dictó ayer en contra de Norma Liliana Benítez (50) por el crimen de su pareja, Marcelino Duarte (33), ocurrido hace dos años en Anisacate, ofrece algunas reflexiones por el hecho, por el debate y por el resultado.
El episodio ha tenido no pocos ribetes como para plantear alguna duda sobre la autoría. El veredicto afirma que ella lo mató por la espalda partiéndole el cráneo con un pesado caño de gas y sin que el hombre pudiera defenderse.
La defensa argumentó que el amante de la mujer pudo haber tenido participación, ya sea porque tenía móviles para hacerlo o porque fue al que se le secuestró el objeto contundente.
A pesar de esa falta de claridad en los hechos, el fiscal Hugo Almirón hizo un profuso y ordenado alegato en el que enumeró uno y otro indicio en contra de la acusada. Su acumulación de evidencias consiguió “cerrar” un elevado grado de compromiso sobre Benítez.
La defensora Romina Zurchmitten cuestionó algunos puntos atacando al amante y planteando algunas dudas sobre la acusación.
La violencia de género que habría sufrido la víctima no es excusa para un crimen, pero es un elemento que se agrega a un debate con no pocos claroscuros. Ella había anticipado que tenía pensado deshacerse de su pareja y hasta “confesó” en sede policial que lo había hecho.
Cuando Almirón terminó su alegato, con el pedido de pena de prisión perpetua, se produjo un incidente inusual en todo juicio. La acusada probablemente creyó que ya había sido condenada y comenzó a quejarse a viva voz por lo “injusto” de la decisión. Además de increpar a los jueces, demostró un gran descontrol que terminó en el desalojo de la sala y en un llamado al orden.
Este espectáculo gratuito frente a todo el jurado le jugó un flaco favor a la estrategia defensiva, máxime cuando los peritajes psicológicos hablaban de la personalidad impulsiva de la acusada de homicidio calificado por el vínculo y por alevosía.
Al final, el jurado popular, tras cuatro horas de deliberaciones, emitió el veredicto de culpabilidad, con dos de los representantes del pueblo en desacuerdo. Este detalle puede ayudar en una eventual casación.
La reflexión que queda es que, en un colectivo de tan diversa extracción, como lo es un jurado popular, pueden existir diferencias que se manifiestan en el resultado de una sentencia. Pero, en el caso de un homicidio calificado, frente a tantas mentes que deciden no existe el mismo grado de matices a la hora de castigar: es absolución o condena perpetua.
UN JURADO POPULAR ESTÁ INTEGRADO POR PERSONAS DE VARIADA EXTRACCIÓN QUE TIENEN QUE RESOLVER SIN MATICES.