El patrimonio de jueces y camaristas de Córdoba
Vocales del TSJ, los fiscales generales y el fuero Penal Económico enviaron las actualizaciones de sus declaraciones patrimoniales. La mayoría no informó cuánto cobró el año pasado. Otros omitieron consignar valores de mercado de sus inmuebles y renta fi
El fiscal Anticorrupción Hugo Amayusco presentó una detallada declaración jurada de bienes, en la que consigna que es propietario de tres inmuebles y tres vehículos y dispone de 156.600 pesos y 24.730 dólares. De los funcionarios judiciales a los que La Voz les solicitó sus respectivas declaraciones juradas, Amayusco es quien más deudas tiene: debe 578.541 pesos, en concepto de tres préstamos personales.
Hace dos años, cuando se solicitaron por primera vez los detalles patrimoniales a la Justicia provincial, Amayusco remitió información parcial. Ahora, en cambio, fue minucioso al consignar sus activos.
Conservador en sus estrategias financieras, no posee plazos fijos ni títulos públicos: mantiene las mismas propiedades que declaró hace una década, aunque mejoró la flota de vehículos familiares: ahora tiene un Volkswagen Fox 2011, un Citroën C3 2011 y un Toyota Etios 2016.
Amayusco fue uno de los pocos funcionarios que informaron la valuación de mercado en dólares de sus inmuebles: una casa de 170 mil dólares, un departamento de 75 mil dólares y un terreno de 300 mil pesos en Anisacate. La importancia de dar este dato es que la diferencia con la valuación fiscal es enorme. Por ejemplo: la casa del fiscal tiene una valuación de 1,1 millones de pesos (unos 30.500 dólares).
El juez que controla a Amayusco es Gustavo Hidalgo. En comparación con la declaración jurada anterior, correspondiente a los bienes que poseía en 2015, este funcionario sumó a su patrimonio un departamento, por lo que ahora es propietario (junto con su esposa) de tres inmuebles.
A diferencia de Amayusco y de lo que él mismo había hecho en la declaración patrimonial anterior, Hidalgo no precisó qué valor de mercado tienen actualmente sus inmuebles. Tampoco informó qué tipo de vehículos posee; sólo indicó que son dos. En 2015, tenía uno modelo 2014 y otro 1973.
La declaración patrimonial anterior de Hidalgo corresponde al 31 de diciembre de 2015, cuando era fiscal Anticorrupción. Luego pasó a desempeñarse como juez de Control. A él lo reemplazó Matías Bornancini, quien se hizo cargo de esa fiscalía en agosto de este año, días después de que se solicitara esta información al Tribunal Superior de Justicia, por lo que no es parte de este informe.
Un plazo fijo de 70 mil pesos es la única inversión monetaria del juez Hidalgo, quien además informó que en la cuenta sueldo atesora 450 mil pesos y dispone de 20 mil dólares por fuera del sistema bancario. Su único ingreso es el de juez de primera instancia, aunque no consignó a qué cifra asciende su sueldo.
Por encima de los juzgados de Control está la Cámara de Acusación, que interviene como tribunal de alzada. La integran Patricia Farías, Carlos Salazar y Jorge Leiva. Esta es la primera vez que La Voz publica las declaraciones juradas de los tres camaristas que integran el peldaño judicial entre los jueces de Control y el Tribunal Superior de Justicia.
Patricia Farías suma a sus ingresos de vocal de cámara una pensión y el producto de alquileres: tiene cuatro propiedades: dos casas y dos departamentos en un mismo edificio. Y es propietaria de tres autos: un Toyota 2010, un Clio 2011 y un Peugeot 207 modelo 2013.
El camarista Carlos Salazar tampoco actualizó sus ingresos como miembro del Poder Judicial y como docente, ni lo que le generan las rentas de sus propiedades. Tiene tres: dos en calle 27 de Abril, en Alberdi, y un departamento en Nueva Córdoba, por una valuación global de 95 mil dólares. La propiedad principal es de su esposa, según informó, y tiene un valor de mercado de 250 mil dólares.
En general, no se tomaron en cuenta para la elaboración de este informe los ingresos, inversiones y propiedades de cónyuges de jueces y fiscales, salvo casos como el de Salazar, en los que el bien incide de manera determinante en el patrimonio del funcionario. En el caso particular de Salazar, su esposa, Marina Cappelletti, es asesora en la Justicia de Familia.
Salazar no informó el dinero del que dispone (sólo dijo tener tres mil dólares) e indicó que posee dos vehículos: un Fiat Palio y una Honda CRV.
El tercer integrante del tribunal de alzada es Jorge Leiva, quien informó un salario de bolsillo de 213.900 pesos, y ahorros por 560 mil pesos y 200 mil dólares. Él sí remitió la declaración jurada anterior, correspondiente a 2015, cuando tenía 90 mil pesos y 84 mil dólares. El resto de sus bienes son los mismos: un Peugeot 308 y una casa de fin de semana.
De los seis vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) –el miércoles último falleció Carlos García Allocco, por lo que su declaración jurada no está incluida en este informe– sólo Sebastián López Peña actualizó sus ingresos: 255.600 pesos netos mensuales (192.700 pesos de bolsillo).
Su salario neto es de 255.600 pesos, 60.600 pesos más del que percibió (también neto) en octubre último el gobernador Juan Schiaretti. López Peña es el integrante más joven del alto cuerpo, y por ende quien menos antigüedad tiene, lo que incide en su salario. No fue este su único ingreso: recibió honorarios adeudados y es profesor universitario, aunque en este último rol percibe apenas 3.100 pesos de bolsillo.
A diferencia de sus colegas, López Peña se mostró menos conservador al momento de realizar inversiones: tiene títulos públicos por 535 mil pesos, dispone de 945 mil pesos en efectivo y mantiene una explotación inmobiliaria en el exterior, la que actualizó en 2,9 millones de pesos.
También cambió el auto: ahora posee una coupé Mercedes Benz que tiene un valor estimado de 1,6 millones de pesos. Pero mantiene los mismos inmuebles que cuando desembarcó en el Poder Judicial: una casa y un departamento con cochera, los tres como parte de la sociedad conyugal.
Los ahorros de los supremos Al comparar las últimas declaraciones juradas de Domingo Sesín, se advierte que enfocó sus inversiones en el rubro inmobiliario, aunque mantuvo la cantidad de propiedades: 13.
Según informó a la Escribanía General de Gobierno el 29 de diciembre del año pasado, en 2017 vendió un departamento sobre La Cañada y compró dos: uno en la misma cuadra y otro sobre bulevar San Juan. En agosto de este año, dio de baja de su patrimonio una propiedad en calle Santa Rosa, de la cual tenía el 33 por ciento.
La venta de inmuebles le generó al vocal del TSJ 5,4 millones de pesos, que este año fueron incorporados a su declaración jurada en el ítem “créditos por cobrar”; corresponden a la casa de calle Santa Rosa y a un inmueble del que aún no había tomado posesión.
No actualizó cuánto percibe como vocal del TSJ. Tampoco informó ningún ingreso por alquiler de sus propiedades. Sí notificó los cambios en el dinero que dispone en cajas de ahorro: 930 mil pesos. Tampoco actualizó su vehículo y mantiene el mismo modelo 2005 que tenía dos años atrás.
El vocal Luis Rubio se refugió en el dólar. En 2015 tenía tres plazos fijos: de 152.758 dólares, de 830 mil pesos y de 500 mil pesos, que era de su esposa. Este año tiene uno de 277.475 dólares, según informó el 6 de noviembre de este año, al actualizar su declaración jurada.
También aumentaron los dólares a los que tiene acceso en cajas de ahorro o no bancarizados: pasaron de 39.350 a 79.608. Pero disminuyeron los pesos: disponía de 102 mil y ahora posee 74.700. En su última declaración patrimonial, anticipó que señó un departamento y dos cocheras, inmuebles que modificarían su patrimonio en los próximos ejercicios contables.
Respecto de la declaración anterior, mantuvo sus inversiones en un tiempo compartido en Aruba por un monto de 54.800 dólares, y no informó cambios en sus inmuebles, por lo que mantiene una casa y dos monoambientes.
La vocal Marta Cáceres de Bollati informó sólo un cambio: pasó de un Peugeot 408 Allure a un Peugeot 408 Feline. Mantuvo sin cambios el dinero del que dispone: 1,6 millones de pesos, 142.800 dólares y 3.000 euros. Comparte con su marido un departamento de tres dormitorios y una casa en Calamuchita, y es la única dueña de un departamento de dos dormitorios.
Como casi todos los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, no informó cuánto se ajustaron sus ingresos como vocal del cuerpo, en su cargo de profesora universitaria y por la renta de su inmueble.
Por su parte, Mercedes Blanc de Arabel sólo registró cambios patrimoniales respecto de dinero e inversiones, todo en pesos: actualmente atesora 359 mil pesos y dos plazos fijos gananciales que suman 988.120 pesos. Mantiene sus inmuebles: una casa en Córdoba y un terreno en Los Reartes. Aunque sí cambió el auto: del Volkswagen Vento que tenía en la anterior declaración jurada pasó a un Chevrolet Cruze.
Finalmente, Aída Tarditti, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, quien tenía un departamento sobre Cañada, sumó a su patrimonio otro con cochera en barrio General Paz. También cambió el Fiat Punto informado en 2016 por un Peugeot 2008. En su caja de ahorro, tiene 570 mil pesos, y 510 mil pesos están en un plazo fijo.
DE LOS SEIS VOCALES DEL TSJ, SÓLO LÓPEZ PEÑA ACTUALIZÓ SUS INGRESOS. GANA 60 MIL PESOS MÁS QUE JUAN SCHIARETTI.