Un paso contra la burocracia
Apartir del 1° de marzo de 2019, los argentinos podrán registrar su firma digital. El uso de este instrumento permitirá agilizar las múltiples gestiones que se realizan ante la administración nacional y organismos descentralizados.
La medida, anunciada por el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Modernización de la Nación, apunta a desburocratizar la enorme maraña de trámites que se exigen para la apertura de un negocio, una simple solicitud ante organismos de recaudación o para validar trámites oficiales.
La gestión, que incluye una foto y la habilitación de una firma digital, deberá efectuarse ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor (RNPA), explicaron las autoridades.
La firma digital no sólo podrá ser usada en los trámites ante las dependencias del RNPA, sino ante organismos públicos y de la administración central. El objetivo es extender su uso a provincias y municipios.
Permitirá, además, reducir el enorme gasto que originan los miles de recursos humanos dedicados a responder en las distintas etapas de un trámite burocrático, y concentrar esas horas-hombre en otros procedimientos.
El Gobierno de Córdoba avanzó en la desburocratización de las gestiones que se efectúan, de modo especial, ante el Ministerio de Finanzas y sus organismos descentralizados.
Más allá de los logros alcanzados, aún resta un largo camino para que el ciudadano y el contribuyente obtengan respuestas ágiles y eficientes de los entes públicos.
Todavía existen numerosas oficinas del Estado donde es necesario presentar los pedidos por mesa de entrada, lo que da pie luego a un kafkiano recorrido de las solicitudes, cuando estas podrían realizarse a través de formularios digitales. Ya no sería necesario, en esos casos, que el expediente de papel circulara de una oficina a otra.
No se trata sólo de la voluntad política de los gobernantes, sino de romper las trabas que existen a nivel de cierto personal administrativo.
Da cuenta de ello la simple creación de una “ventanilla Pyme”, que figura como objetivo prioritario de cualquier gestión municipal, pero cuyo cumplimiento es imposible de concretar pese a las reiteradas promesas oficiales.
Por último, el Estado nacional deberá instrumentar los mecanismos de seguridad necesarios para evitar el “robo” de las firmas digitales, que podría derivar en perjuicios para las empresas.
La vulnerabilidad tecnológica de los organismos públicos e incluso privados, como sucedió con el registro de tarjetas y otros instrumentos financieros, exigirá un particular celo en la habilitación de la firma digital.
El sendero de desburocratización anunciado por las autoridades nacionales es auspicioso. Pero los riesgos existentes para el uso digital de instrumentos públicos, demandarán una supervisión tecnológica adecuada, para evitar que retrocedamos a usar instrumentos del pasado.